La escasez de fondos ha reducido justo a la mitad la cantidad de abogados que prestarán servicio a detenidos, extranjeros, víctimas de violencia doméstica. Se trata de una medida adoptada por la Junta de Andalucía que pagará 4.745 guardias al año con un importe único de retribución de 140 euros, según la organización que de todo el proceso ha preparado el Colegio de Abogados, que reunió a su junta general el pasado martes. Existen voces muy críticas con unos recortes presupuestarias que afectarán al servicio que se presta a personas en una situación apurada.

A efectos prácticos, ello implica que los 26 abogados que estaban disponibles cada vez que se producía un problema quedarán en 13. Así, para asistencia a detenidos se dejan tres letrados para Córdoba capital (antes había cuatro) y un abogado para cada una de las nuevas demarcaciones (antes había dos y se dividían de por partidos judiciales). Eso quiere decir que el mismo letrado tendrá que asistir a los detenidos que se produzcan en Montilla, Aguilar, Puente Genil, Posadas y entorno (zona uno); Montoro, Baena, Priego de Córdoba y Cabra (zona dos) y Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco (zona tres). En asistencia a víctimas de violencia de género, los dos profesionales que asistían en Córdoba a las mujeres se quedarán en uno, los mismos que tendrán todas las zonas de la provincia. Dos abogados se encargarán de los casos de menores en toda la provincia (antes había dos para la capital) mientras que un solo profesional se hará cargo de los casos de extranjeros. Hay que precisar que estos profesionales trabajan con las personas sin recursos que no pueden pagarse asistencia letrada privada.

Fuentes consultadas explicaron que en la profesión se plantean informar de forma directa a los principales responsables policiales y judiciales de la provincia de Córdoba de los problemas que se van a generar con el nuevo sistema. Se trata de cuestiones de orden práctico: si un abogado se encuentra en Montoro asistiendo un detenido y tiene que trasladarse a Priego de Córdoba lo lógico es que se produzcan esperas. La tesis de los abogados es que todas las personas que intervienen en el proceso de asistencia a una víctima o a un detenido han de conocer las restricciones que se generan con el nuevo sistema, incluyendo a las propias personas que esperan a que aparezca un abogado. La legislación otorga una serie de horas como máximo para que un letrado asista al detenido y existen profesionales que opinan que la disminución de personal dedicado a estos menesteres supone el riesgo de que se bloquee todo el proceso.