El Consorcio de Joyería calificó ayer de "falsas acusaciones" y de "manipulaciones" los hechos denunciados el miércoles por el PP y que hacían referencia a que el gerente del mismo, su esposa y el primo de ésta y entonces delegado de Innovación Andrés Luque se beneficiaron de un curso de Inglés, valorado en 15.900 euros, dirigido exclusivamente a profesores y alumnas. Esta denuncia se ampliaba a que una pescadera y una zapatera de Pozoblanco cobraron 1.200 euros por impartir conferencias formativas a alumnas. Al igual que ocurriera el miércoles, la Junta volvió a guardar silencio sobre el asunto, y deja la defensa del caso en manos del gerente del Consorcio.

Lo que más ha irritado a este organismo que depende directamente de la delegación de Empleo es que los papeles sobre el uso dado a los fondos europeos para la formación de alumnas esté en manos del secretario general del PP, Federico Cabello de Alba. Sobre este asunto, el comunicado afirma que la documentación "pertenece a una entidad de carácter público" y que fue obtenida por una trabajadora despedida "sin contar con autorización ni consentimiento alguno". Además, deja caer que alguno de los papeles que esgrime el PP pudiera ser falso.

El gerente del Consorcio, José Antonio López Gomáriz, reconoce en este comunicado que él sí se benefició del curso, algo que no ocurrió con su esposa, María Serrano, ni con Andrés Luque. También defiende la transparencia en la gestión de los fondos del proyecto europeo Equal-MEI y alega que las cuentas han sido fiscalizadas por tres organismos independientes, como son la Intervención General de la Junta, una auditora externa y la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo.

Sobre el otro asunto denunciado por los populares, el referente al cobro de 1.200 euros por una zapatera y una pescadera de Pozoblanco, López Gomáriz reconoce que ambas empresarias "no tienen conocimientos" en materia de joyería y que acudieron al Consorcio para "simple y llanamente para dar a conocer su experiencia como mujeres emprendedoras normales y corrientes". El Consorcio de Joyería ingresó el importe en las cuentas corrientes de Francisca Fernández Serrano y de Carmen Cortés, propietaria de la pescadería La Sirena, actualmente en traspaso, en concepto de "conferencia a beneficiarias del proyecto Equal-MEI", un aspecto sobre el que Cabello de Alba señaló que podía ser "en beneficio propio o del partido", con lo que "se fomenta el clientelismo de forma directa o indirecta".

Al igual que ocurriera en el comunicado del miércoles, este último texto de López Gomáriz recuerda que este asunto "tendrá su tratamiento en el ámbito judicial", por lo que muestra su "absoluta tranquilidad en que todas estas falsas acusaciones y manipulaciones quedarán desmontadas y aclaradas". En concreto, las acciones podrían ir contra Cabello de Alba "por la utilización y difusión en medios de comunicación de documentos provenientes de un organismo público". También el PP anunció el miércoles que llevará el asunto a los tribunales si el Ministerio Fiscal no actúa de oficio.