Desánimo y decepción. Con estas palabras se puede resumir el ánimo de los vecinos de Poniente Sur y de la Asociación de Vecinos Los Califas en particular, que lleva años luchando contra "la extorsión que grupos de mafias ejercen sobre los usuarios del aparcamiento de la plaza de toros". Y es que tras varios meses sin noticias de los gorrillas, desde hace unas semanas y tras el "descenso de la vigilancia policial, hemos vuelto al punto de inicio", señaló ayer el presidente de este colectivo, José María Herrera, quien destacó que "cada día hay una decena de personas de nacionalidad rumana, por la mañana y por la tarde, pidiendo y acosando de nuevo a los vecinos que se niegan a pagarles lo que les piden" cuando aparcan su coche.

Esta denuncia vecinal, que acumula varios años, no tomó fuerza en la opinión pública hasta el pasado otoño, cuando salió a luz por el juicio a dos gorrillas acusados de la muerte de un hombre que se negó a pagarles. En ese proceso, del que resultaron culpables los demandados, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez, le dio un tirón de orejas al Consistorio por permitir "el chantaje de pagar el peaje ilegal". Desde ese instante y hasta hace unas semanas, según manifestaron los vecinos y los vigilantes autorizados de la Asociación de Parados Mayores de 40 (PM-40), el compromiso del Consistorio de incrementar la vigilancia se había mantenido y había dado resultados, pero tras el descenso de efectivos en la zona "se ha vuelto a reproducir". Tanto es así, que uno de los vigilantes legales aseguró ayer a este periódico que "esto ha vuelto a ser Hollywood de nuevo".

Los vecinos y usuarios de este parking han sufrido los acosos y las amenazas de los gorrillas, pero los aparcacoches autorizados también, ya que "en más de una ocasión nos hemos tenido que meter en bronca con los gorrillas". De hecho, Herrera apuntó que a primeros de año PM-40 autorizó que un tercer vigilante se desplazara a la zona para controlar los aparcamientos del centro cívico y del centro de salud, pero "duró dos días, porque fue amenazado por los gorrillas, que saben que esa parte no les corresponde".

En este sentido, Herrera aseguró que es necesario y urgente la modificación de la ordenanza municipal de 1992 y por la que sólo se multa con 18 euros la vigilancia de vehículos sin autorización. Una sanción que, debido a las circunstancia de los vigilantes ilegales, "no sirve de nada, porque les da igual todo, son insolventes y a las dos horas saben que están en la calle", apuntó uno de los vigilantes legales.

El presidente de la Asociación de Vecinos Los Califas señaló que ya se han vuelto a protagonizar algunas trifulcas entre usuarios y gorrillas y con los PM-40, por lo que pidió una solución real, efectiva y duradera, ya que, aunque la Policía Local responde a la llamada de alarma con rapidez, no soluciona el problema. Asimismo, a la denuncia de acoso los vecinos añaden la suciedad que el grupo de gorrillas deja en bancos y aceras del entorno de la plaza de toros.