Los pliegos de condiciones elaborados por el Ayuntamiento para adjudicar las obras de los fondos anticrisis habilitados por el Gobierno central y la Junta de Andalucía tendrán en cuenta no sólo que se saque a personas del desempleo sino además que se haga de una forma lo más prolongada posible o con vocación de estabilidad. La redacción final de estos documentos reservan la mayor puntuación a la creación de empleo, de forma que este capítulo significará 70 puntos sobre 100. Sin embargo, la redacción final tiene una segunda variante en cuenta: se puntúa más a quien más tiempo tiene a los trabajadores en plantilla.

La redacción final otorga, dentro del capítulo de creación de empleo, 20 puntos en el caso de que los trabajadores estén trabajando al menos un 40% de lo que tarde en desarrollarse la obra. En el mejor de los casos, la empresa ofertante obtendría hasta 50 puntos en el caso de que los contratos se mantengan vigentes hasta un 70% del plazo de desarrollo de la obra pagada con dinero estatal.

La traslación del pliego a la realidad implica que no importa tanto que las empresas dispongan de una plantilla estable, algo que ocurre en muy pocas empresas del sector de la construcción después de meses de una durísima crisis. Al contrario, se beneficia a quien saca a personas de las listas del INEM, que es el objetivo principal del fondo del Gobierno y de la Junta de Andalucía.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, reconoció que el Ayuntamiento ha introducido esta variable en el proyecto por la sencilla razón de que se quiere evitar la picaresca. Utilizando el criterio de la cantidad de personas que se contratan desde las listas del paro, se podía dar lugar a situaciones como que un empresario diera de alta a un número determinado de personas para posteriormente despedirlas y realizar los trabajos con una subcontrata o con su plantilla habitual, en el caso de que la conserve. El sistema diseñado, que se ha realizado de acuerdo con los agentes sociales, controla también la cuestión de la contratación de servicios externos ya que el personal ha de estar dado de alta a nombre de la empresa adjudicataria del contrato. Todo el sistema hay que hacerlo compatible con la propia dinámica de la construcción, que exige de ciertos oficios puntuales.

Toda la puntuación no depende del empleo. Así, un 25% de la nota está directamente relacionado con mejoras en la obra. Se ha excluido, específicamente, toda ampliación del ámbito de la obra puesto que contravendría la normativa estatal. Sin embargo, se abre la puerta a que los empresarios propongan mejoras de las calidades o mejores acabados de lo proyectado por los arquitectos.

El criterio municipal es que se admitirá como mejora del contrato una ampliación del periodo de mantenimiento de una calle o un edificio una vez que se haya acabado la obra. Inicialmente, el periodo de garantía de cada actuación asciende a un año, tiempo en el que la empresa adjudicataria estaría obligada a realizar todas las reparaciones que sean necesarias. La tesis del equipo de gobierno es que si las empresas proponen ampliar el periodo de mantenimiento servirá para ampliar el periodo en el que muchos parados podrían seguir contratados "y contribuirá a descargar el trabajo de los servicios municipales".

Sólo los fondos del Gobierno implican una inversión de 57 millones de euros a los que hay que sumar los nueve millones del plan Proteja, establecido por la Junta para ayudar en la tarea. En total, las cifras iniciales aseguran que gracias a estas actuaciones se van a crear unos 1.700 empleos.