La asociación de consumidores Facua ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz tras las tres denuncias presentadas contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) Estación de Autobuses de Córdoba, al haber transcurrido más de cinco meses sin que la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Vioque, "haya dado ninguna explicación sobre los hechos denunciados" respecto a "deficiencias" en la infraestructura.

Facua ha recordado que ya advirtió de "la evidente falta de control" en la citada estación, en la que "se incumple" el Pliego de Condiciones Técnicas que regula su funcionamiento, a lo que ha agregado que "uno de los incumplimientos más graves tiene que ver con las medidas de prevención para la seguridad de las personas". Al respecto, la asociación ha comentado que comprobó que "algunas de las salidas de emergencia estaban cerradas con llave, lo que deja en evidencia la clara dejación de funciones de las administraciones competentes, que en este caso son la Inspección de Transportes adscrita a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda y la Dirección General de Movilidad, ambas dependientes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta.

En concreto, Facua ha detallado que ha denunciado hasta en tres ocasiones ante la Consejería de Fomento y Vivienda entre otras cosas, "la falta de información a los usuarios, la falta de mantenimiento de puertas y luminarias y el incumplimiento de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de la estación de autobuses".

Además la asociación ha criticado "la falta de transparencia" de la delegada sobre las actuaciones llevadas a cabo, intervenciones o inspecciones realizadas, así como de las sanciones interpuestas o decisiones adoptadas contra la UTE que gestiona la estación, pese a "la gravedad de lo denunciado".

En definitiva, Facua ha considerado "alarmante" que cinco meses después de las denuncias "aún no hay respuesta" por parte de la Consejería, "a pesar de haberla solicitado hasta en dos ocasiones". Por este motivo, ha trasladado su queja al Defensor del Pueblo Andaluz según el artículo 35 de la Ley 30/92, que reconoce el derecho a "conocer el estado de la tramitación".