El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, criticó ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por haber dejado fuera al Gobierno central de la firma de la Declaración sobre Cercanías Córdoba, celebrada el pasado miércoles en el Consistorio. Fuentes recordó que el Ministerio de Fomento "nunca ha dado la espalda" a este proyecto de transporte intermodal, por lo que apuntó que en dicho encuentro debería haber participado el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y recordó que desde el Ejecutivo se han hecho inversiones para el proyecto. El popular denunció también que el acuerdo al que se ha llegado obligue al gobierno municipal ha soportar el 60% del coste del tren en Palma del Río y Villa del Río ya que, añadió, la aportación tanto de la Diputación como de la Junta debería ser mayor. Fuentes comparó este caso con el de otras provincias y reprochó al Gobierno andaluz el aportar millones para otros proyectos similares como los de Jaén, Málaga o Sevilla. Sobre el aporte de cada entidad añadió que su partido no ve con buenos ojos que la Universidad de Córdoba (UCO) tenga que desembolsar hasta 300.000 euros para aquellos trenes que circulen hasta el campus de Rabanales.

Fuentes coincidió con la plataforma Metrotrén ¡Ya! en que el servicio de transporte podría estar en funcionamiento para los meses de septiembre u octubre, algo que, puntualizó, se podría ejecutar con los 700.000 euros disponibles sin necesidad de recurrir a otras administraciones. Por todo ello, denunció que Ambrosio sitúe ahora la puesta en marcha para principios de 2017 y la acusó de querer retrasar el arranque del servicio con hechos como éste o con la solicitud de un nuevo informe a una consultoría sobre las demandas que tendrían los trenes.

Las críticas del popular no se quedaron ahí, ya que también habló del condicionamiento que se ha puesto desde el cogobierno para el Cercanías respecto a los autobuses de Aucorsa. Fuentes recomendó, en este caso, que se busquen opciones compatibles y eficaces "sin renunciar" al servicio de autobuses.

Las apreciaciones del PP también fueron dirigidas a la Junta de Andalucía, en este caso, hacia el consejero de Ordenación del Territorio, José Fiscal, y sus declaraciones de la aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Fuentes criticó que Fiscal hablara del caso de las parcelaciones cordobesas como "un hecho diferencial" con respecto a los casos del resto de provincias andaluzas y que la Junta "encuentre hueco para Almería, Cádiz y Málaga, y no para Córdoba".