El viceportavoz del PP Salvador Fuentes fue ayer muy crítico con la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de suspender los trámites para otorgar a Cosmos la licencia de obra y actividad que le permita iniciar la valorización de residuos y acusó al Ayuntamiento de iniciar "una guerra por su cuenta" contra la cementera, que tiene el permiso medioambiental de la Junta de Andalucía para esta actividad. Fuentes insistió en la actitud "desleal" del Ayuntamiento por continuar adelante con el procedimiento urbanístico mientras que se anuncia una mesa de diálogo. Este asunto, aseguró, "ha llegado ya a los tribunales" -ya que el juzgado de lo contencioso número tres de Córdoba ha admitido a trámite el recurso de la cementera al acuerdo de la GMU- debido "a la incompetencia del gobierno municipal, que ha enfrentado a los vecinos, la empresa y los trabajadores". Desde la GMU, sin embargo, rehusaron ayer pronunciarse sobre la admisión del recurso por parte del juez.

El viceportavoz del PP fue muy duro también con la Junta de Andalucía, a quien emplazó a decir "si sigue adelante o no" con la autorización ambiental que le otorgó a Cosmos. "No vale ponerse de canto", insistió Fuentes, quien añadió que los populares pedirán en el Parlamento de Andalucía que la Junta explique su posición en este asunto. Para el edil, la intervención de la administración autonómica es "clave" ya que, si mantiene que el permiso resta argumentos al gobierno municipal para denegar la licencia de obra y actividad, que es necesaria para que la firma empiece a valorizar. Para los populares las Junta debe estar en la mesa de diálogo, al igual que la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, aseguró ayer sin embargo que la administración autonómica no debe tomar parte del grupo de trabajo, dado que "es un tema de ciudad". Crespín aseguró que la Junta "tiene que respetar lo que, legítimamente", salga de "esa mesa de diálogo, que representa los intereses de la ciudad, pues en la misma están representadas entidades sociales y económicas, con la parte de la empresa y la de la plataforma vecinal Aire Limpio, es decir, está representada toda la ciudad", de modo que "quien tiene que debatir ese tema allí son los representantes legítimos de la ciudad".

En consecuencia, según señaló Crespín, será en un segundo momento, una vez que el Ayuntamiento haya tomado una decisión definitiva sobre el ordenamiento urbanístico y que afecte a Cosmos, cuando la Junta, en base a tal decisión municipal, adopte las medidas pertinentes, en "la parte que le compete", pero no antes.

La polémica ha saltado ya al ámbito judicial ya que el juzgado de lo contencioso número tres ha admitido el recurso presentado por Cosmos ante la suspensión de la licencia, al entender "que se estaban vulnerando sus derechos" ya que la medida "afecta al correcto funcionamiento de la planta y no le permite aplicar la normativa europea que exige la utilización de las mejores técnicas disponibles, como se considera a la valorización". La empresa también ha solicitado como medida cautelar la suspensión del acuerdo de la GMU.