La alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el director general de Cajasur, Francisco Rapún, firmaron ayer un acuerdo a través del cual la entidad financiera pone a disposición del Consistorio una relación de viviendas ubicadas en la capital para alquiler a familias en riesgo de exclusión social. El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para fomentar el alquiler de 55 viviendas, titularidad de Cajasur, en beneficio de personas desfavorecidas por la crisis habitacional, que se ven imposibilitadas de hacer frente a las mensualidades de alquiler o hipoteca, según informó el Ayuntamiento. Ambrosio que estuvo acompañada por el concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, agradeció a Cajasur su disposición a colaborar con el Ayuntamiento en este asunto "tan importante. La alcaldesa hizo hincapié en "la prioridad que supone atender las necesidades básicas de los cordobeses, como es el caso de la vivienda" y destacó "el buen funcionamiento" del plan de rescate ciudadano.

El director general de Cajasur, Francisco Rapún, manifestó que este acuerdo en materia de vivienda social "viene a reforzar el compromiso social" que el banco mantiene "como una de sus principales señas de identidad, colaborando con instituciones y organizaciones para buscar soluciones a personas en situación de vulnerabilidad y colectivos más desfavorecidos". En este sentido, Rapún destacó también la importante labor de la Fundación Cajasur y agradeció el "trabajo conjunto realizado entre ambas instituciones que han hecho posible este acuerdo" . El concejal de Servicios Sociales, Rafael Del Castillo, aseguró que su parte que el convenio es "fruto del trabajo que venimos desarrollando desde la Oficina municipal en materia de vivienda" para "poner al servicio de la ciudadanía viviendas vacías, propiedad de los bancos".

Las solicitudes para acceder a estos inmuebles se canalizarán precisamente a través de la Oficina de la Vivienda, que tras un estudio de la situación económica del posible beneficiario resolverá la demanda. Entre los requisitos para acceder al alquiler social están los ingresos económicos por unidad familiar, que deben ser iguales o inferiores a 426 euros mensuales, o hasta 1.597 euros si además tienen hijos menores de 18 años, personas mayores de 60, o algún miembro víctima de violencia de género o dependiente. Asimismo, ningún miembro de la familia solicitante puede tener una vivienda en propiedad o por cualquier otro título. Habrá una comisión de seguimiento encargada de revisar y evaluar las circunstancias de cada una de las familias beneficiarias, con el fin de prorrogar o no el contrato de arrendamiento.