El número de docentes que ha tenido que recurrir al Defensor del Profesor -una asistencia telefónica y de apoyo que ofrece el sindicato ANPE- por recibir amenazas e insultos en el aula, tanto de alumnos como por parte de sus familias, se elevó a la quincena durante el pasado curso escolar en Córdoba. La organización sindical presentó ayer el balance anual de este servicio en Andalucía, donde ha atendido a 161 profesores.

El responsable de ANPE en Córdoba, Francisco Luque, explicó que del total de casos, el 40% fueron de profesores de los ciclos de Primaria y personal del equipo directivo de los centros, quienes fueron agredidos por padres de alumnos. El 60% de los docentes que acudieron a este servicio imparten clase en Secundaria y el resto de enseñanzas preuniversitarias no obligatorias. En el pasado curso escolar, el número de profesores atendidos se elevó a 17. Con esta cifra Córdoba es junto con Granada (diez casos) la provincia que menor cuantía de casos registra este servicio de ANPE.

El informe señala también que el 38% de los problemas con los se encuentra el profesorado es el de no poder dar clase y el 35% hace referencia a la falta de respeto e insultos por parte del alumnado. Estos conflictos suponen que el docente desarrolle diferentes enfermedades entre las cuales destaca la ansiedad, encontrada en el 49% de los casos denunciados.

El documento refleja que el docente también se enfrenta a conflictos con los padres de los alumnos, donde el 44% de los problemas son de la índole de acoso y amenazas por parte de los progenitores; otro problema de gravedad (33%) son las falsas acusaciones de padres. Los problemas relacionados con la Administración que cita el documento son acoso laboral, presiones para que el profesorado cambie la nota de algún alumno o la falta de respaldo por parte del servicio de dirección e inspección.

Ante este problema, desde ANPE reclamaron que se reconozca la figura del profesor como una autoridad pública en el ejercicio de su función.