Tras el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tumbando la ordenanza municipal del taxi que sacó adelante el anterior gobierno municipal del PP, el actual equipo de gobierno de PSOE e IU no se va a decidir sobre si se va a elaborar una nueva ordenanza o simplemente se corrige la actual hasta que lo decida la asesoría jurídica municipal.

Así lo aclararon ayer los tenientes de alcalde Emilio Aumente (PSOE) y Alba Doblas (IU). "No conocemos aún el contenido del informe, que está en manos de la asesoría jurídica municipal para su estudio", relató aumente. "Cuando la asesoría jurídica facilite al gobierno municipal el análisis correspondiente sobre el informe valoraremos la decisión a tomar y los posteriores pasos a seguir", aclaró Doblas. Ambos explicaron que la asesoría jurídica municipal está estudiando las alegaciones a presentar ante este organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad la derogación de 14 de los artículos de la ordenanza, además de anunciarle la interposición de un contencioso-administrativo contra la normativa. Esta ordenanza salió adelante el pasado 14 de mayo -a las puertas de las pasadas elecciones municipales- y no contaba con la bendición de empresas del sector como ETaxi, de organizaciones de consumidores como Facua o de sindicatos como UGT. En el escrito -recibido con registro de entrada 3 de agosto por el Ayuntamiento-, la CNMC sentencia que esos 14 artículos "obstaculizan significativamente el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia subraya que esos obstáculos pueden diferenciarse en atención a su contenido distinguiendo hasta cinco categorías distintas de impedimentos: relativos a la determinación del número de licencias; a las potestades autoorganizatorias de los operadores; a la exigencia de requisitos de calidad y seguridad mínimos; a la previsión de las participación de las asociaciones y organizaciones representativas de titulares de licencias con carácter previo a la adopción de decisiones por el Ayuntamiento; y a previsiones relativas al régimen tarifario (taxímetro).

Tras ese informe de la CNMC, la organización de consumidores Facua y Etaxi reclamaron al Ayuntamiento la derogación de la ordenanza. Facua mostró su confianza en que el nuevo gobierno municipal "cuente con los representantes de los usuarios en la elaboración de una nueva ordenanza". Y recordó "la falta de diálogo y consenso que siempre prevaleció por parte del anterior equipo de gobierno del PP, durante el diseño de la impugnada, afirmación en la que el colectivo coincidió con el secretario de Etaxi, José del Hoyo. Mientras, la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Auttacor) defendió que la ordenanza "cumple rigurosamente" con la ley andaluza al respecto. Además, Auttacor subrayó que es "similar a las de otras capitales", y que "en ningún caso, es más restrictiva que en otras ciudades".