Además de las carreteras olvidadas por las administraciones, Córdoba cuenta con el dudoso honor ser una de las provincias afectadas por la no construcción de una autopista de peaje, diseñada hace años, y que tenía como misión unir las ciudades de Toledo, Ciudad Real y Toledo mediante un corredor que sirviera de alternativa a la A-4 y al paso de Despeñaperros. Desde un primer momento hubo colectivos que alertaron del alto coste ambiental que podría tener esta infraestructura y, tras numerosos contenciosos, la decisión del Estado fue la de no autorizar esa nueva carretera. Los titulares de esos derechos son las empresas que forman parte del grupo inversor Autopista Madrid-Toledo, Concesionaria Española de Autopistas SA, que finalmente logró ganar la batalla judicial abierta, de manera que será el Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento, el que tenga que compensar a la entidad por la no ejecución de ese corredor. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó en julio cómo debían hacerse esos pagos a la empresa, de manera que el desistimiento administrativo sobre el corredor entre Toledo y Córdoba costará a los contribuyentes un máximo de 137 millones de euros.

Fuentes del Fomento han facilitado a El Día las condiciones de esos pagos, que se recogen en un decreto y que apuntan a que el Ministerio abonará anualmente al concesionario de la autopista Madrid-Toledo el importe que represente "el ingreso dejado de percibir el año anterior por la no construcción de la prolongación de la autopista hacia Córdoba, hasta el fin del periodo concesional, salvo que durante dicho periodo se construya esta prolongación, momento a partir del cual quedará interrumpido el abono". Así las cosas, la compensación corresponderá al peaje abonado por los usuarios que previsiblemente hubiesen utilizado la autopista Madrid-Toledo como consecuencia de dicha prolongación hasta Córdoba, minorado con el importe estimado de los gastos de conservación correspondientes a los recorridos no efectuados. "El primer abono a efectuar será el correspondiente al año 2015", señala el acuerdo.

De esta manera, se irán facturando conceptos cada ejercicio hasta el año 2045, unas cifras estipuladas en una tabla y que van creciendo periódicamente. Así, este año la empresa se embolsa algo más de tres millones de euros, mientras que la última factura equivaldría a un máximo de 6,9 millones.

El volumen de tráfico a considerar para la compensación se determinará en función del tráfico real que anualmente utiliza la autovía A-4 entre Madrid y Córdoba y del que utiliza la autopista de peaje AP-41 entre Madrid y Toledo. Los datos de tráfico reales deberán ser proporcionados por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y estarán desagregados por grupos y tipos tarifarios.