La Junta de Andalucía confía en tener listo este mes el informe jurídico que encargó para poder tomar una decisión sobre las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, paralizadas desde hace meses. La administración autonómica pidió una valoración jurídica en junio, después de que la empresa adjudicataria, Aldesa, inclumpliera la última prórroga que se le otorgó para terminar los trabajos. El objetivo es validar con argumentos el camino que adopte la administración con la empresa, que puede ir desde la resolución del contrato a dar otro margen temporal, entre otras posibilidades. La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, confió en que el informe "con las conclusiones de la asesoría jurídica" se presente "antes de que termine el mes", y el mismo será el que "oriente y asesore" a la hora de tomar una decisión. La Junta siempre ha insistido en buscar una solución dentro de la legalidad y que garantice la finalización de las obras, ya que se trata de una infraestructura clave para el sector turístico de la capital y, en concreto, de la rama de congresos.

La obra está paralizada desde hace meses después de que las subcontratas denunciaran impagos, el algunos casos, desde el mes de febrero. Aunque hasta ese momento no se hicieron públicos los problemas financieros del proyecto de remodelación, los empresarios señalaron que desde el inicio de la segunda fase de la obra se han producido graves dificultades, de tal modo que una iniciativa que en principio les resultó muy atractiva a los subcontratistas por su visibilidad pública amenaza con convertirse en un infierno. La Junta, por su parte, siempre ha defendido que estaba al corriente de los pagos con la empresa y que era Aldesa la que estaba provocando esta situación.

La segunda fase de la obra de reforma del Palacio de Congresos se adjudicó en junio de 2014 y tenía en un principio un año de plazo de ejecución, según dio a conocer el por entonces consejero de Turismo, Rafael Rodríguez. Aldesa se hizo con esta iniciativa al imponerse su propuesta a otras realizadas por empresas como Sacyr, Bauen o las cordobesas Jícar y Canval. En total, el proyecto, en el conjunto de sus dos fases, tiene un coste presupuestado de 3,5 millones. La fase actual se centra en el salón de actos en sí, que pasará de una capacidad de 500 plazas a 775 y que dispondrá de diversas innovaciones técnicas para que pueda usarse como espacio polivalente y no sólo como salón de actos. Los empresarios del sector congresual han subrayado en diferentes ocasiones lo urgente de esta obra, ya que ahora mismo la ciudad apenas cuenta con espacios dignos para poder mantener su oferta de congresos de una forma adecuada.