El sindicato CCOO alertó ayer de que en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba se han presentado más de 80 denuncias desde enero de 2013 por acoso laboral y las víctimas "han tenido que buscar cauces alternativos para tramitarlas". Así, según el sindicato, "la Administración pública ha decidido no aplicar el protocolo establecido a los más de 3.000 empleados públicos de los distintos departamentos ministeriales en Córdoba y provincia". Por esta razón, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO propuso "la reforma del protocolo de acoso laboral en las Administraciones Públicas en aspectos tan básicos como el derecho a una segunda instancia en caso de inadmisión, la supresión de las referencias a las consecuencias de denunciar el acoso, la mejora del clima laboral o la extensión de la formación y sensibilización de todo el personal ante el acoso laboral".

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, estimó que el acoso laboral sobre el personal de la AGE "es un riesgo en continuo crecimiento al que no se le ha encontrado una respuesta eficaz". Además, en la Administración estatal existe un protocolo contra el acoso laboral que, "a la vista de los resultados, se ha mostrado por completo inútil".

Mena explicó que más del 50% de las denuncias no son admitidas a trámite y, de las admitidas, menos del 5% prospera. "Esto es así porque de antemano la Administración usa el protocolo actual como una muralla para evitar que se conozcan los acosos laborales que se producen hacia el personal de la AGE", apuntó. El sindicato denunció que, desde 2012, el Gobierno "impide la aplicación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la AGE, al no elevar el acuerdo firmado a Real Decreto".