La Junta de Andalucía guardó ayer silencio respecto a la detención de Vicente Carmona, adjudicatario del Palacio de Congresos con su catering Doña Carmen, en relación a las irregularidades en la justificación de las subvenciones de la Consejería de Economía para cursos de formación a desempleados. Tampoco el PSOE se ha pronunciado ni ha comunicado ninguna medida sobre el arresto, por segunda vez, de Antonio Fernández, exdelegado de Empleo, que se produjo el pasado lunes. Ambas detenciones se llevaron a cabo en el marco de la Operación Edu, puesta en marcha por la juez Mercedes Alaya. En Córdoba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha arrestado esta semana a nueve personas relacionadas con la Delegación de Empleo y a otras cinco con nexos en las empresas beneficiarias de subvenciones.

Por una parte, Carmona fue detenido el pasado jueves -acudió a declarar a la Comisaría de Campo Madre de Dios y quedó en libertad- por irregularidades en cursos de formación para parados en la provincia de Huelva impartidos desde su empresa Industrias Turísticas de Andalucía Sociedad Anónima (Inturansa), actualmente en liquidación. Los investigadores destacan que el empresario presuntamente desvió 7.000 euros de dichas ayudas a la compra de foie. Este alimento nunca llegó a usarse en dicho curso, según han declarado los alumnos participantes a la Policía. A Carmona, que es exgerente del Consorcio de Turismo de Córdoba, se le investiga por la adjudicación en febrero de 2011 de una subvención de 244.455 euros para impartir un curso de cafetería, bar y restaurante a desempleados en Villalba del Alcor (Huelva).

El Día ya denunció las presuntas irregularidades en la utilización de ayudas de este empresario. En concreto, este periódico sacó a la luz que la Junta concedió a la firma cordobesa el 20 de diciembre de 2010 un total de 67 subvenciones irregulares por un importe de casi tres millones de euros después de que esta entidad privada utilizara distintas ayudas públicas anteriores de forma presuntamente fraudulenta para evitar la quiebra técnica.

Este periódico señaló que en ese periodo la Junta aceptó gastos que superaban los 5.400 euros en bebidas de alta graduación (120 botellas de whisky de primeras marcas, 99 botellas de ron, 54 de ginebra y 75 de otros licores como pacharán o vodka caramelizado) y vino como justificante de la realización de cursos formativos a camareros en los que participaban grupos de entre diez y 20 personas.

Por su parte, Antonio Fernández fue alcalde de Pozoblanco durante más de una década y persona de gran influencia en el PSOE cordobés, y ya había sido detenido en su localidad natal el pasado mes de marzo y puesto en libertad con cargos en otra fase de esta misma operación.

Además, también fue imputado el pasado febrero por la gestión en los consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnología (Utedlt) después de que el Sindicato Andaluz de Funcionarios denunciara los hechos tras un informe de la Cámara de Cuentas.

En total, la Policía Nacional ha detenido esta semana a 79 personas en Andalucía relacionadas con las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación de la Junta, según fuentes policiales.

Del total de detenidos, 53 lo han sido en la denominada operación Eduende fase uno, centrada en la investigación de personas relacionadas con las Delegaciones de Empleo de esa consejería. Además, otras tres personas han sido imputadas.

Por provincias, de esos 53 arrestos llevados a cabo por agentes de la UDEF, uno se produjo en Almería, siete en Cádiz, nueve en Córdoba, seis en Granada, ocho en Jaén, 12 en Málaga y diez en Sevilla. Mientras, en la operación Eduende fase dos, dirigida a las empresas beneficiarias de subvenciones, la Policía ha arrestado en esta semana a 26 personas, de las cuales 17 lo fueron en Huelva, cuatro en Sevilla y cinco en Córdoba.