La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta ha constituido un comité de investigación interna para situaciones de acoso en la administración sanitaria que estará compuesto por profesionales de atención primaria, especializada y del Instituto Andaluz de la Mujer. Este comité tiene como cometido garantizar la protección de los empleados públicos así como la prevención y erradicación de situaciones de acoso.

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena, presidió la constitución de este órgano que ya ha iniciado su actividad. A partir de ahora, cuando se reciba una denuncia por alguna de estas causas discriminatorias será trasladada al comité, que será el encargado de realizar su tramitación, desarrollar una investigación, designar a la persona mediadora cuando se considere oportuna su intervención, elaborar un informe concluyente y, por último, proponer las medidas que se deben adoptar.

Con la creación de este comité se da cumplimiento a lo establecido en el protocolo de intervención de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación. Esta guía de actuación fue aprobada recientemente por la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por medio de este acuerdo se pretende garantizar el trato en igualdad y respeto de todo el personal, mejorar sus condiciones laborales, elevar el nivel de protección de la seguridad en el trabajo y favorecer la detección precoz de estos comportamientos. Se trata de establecer mecanismos que permitan además diferenciar los tipos de acoso (laboral, discriminatorio, sexual, etc) y garanticen la correcta aplicación de este protocolo.

El nuevo marco regulador establece que tras la presentación de la denuncia se realizará una valoración inicial de la solicitud pudiendo, previo acuerdo de las partes, acudirse a la mediación. Posteriormente, se inicia una investigación que debe desarrollarse con la mayor rapidez y confidencialidad de las personas implicadas y, transcurrido como máximo un mes, el comité emitirá un informe de conclusiones que trasladará a la jefatura de personal. En el plazo máximo de cinco días, ésta dictará resolución.