El que fuera anterior delegado provincial de la Consejería Empleo de la Junta, el socialista Antonio Fernández Ramírez, contestó ayer a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Córdoba tras su imputación por su gestión en los consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de la provincia. Tras más de dos horas de declaración, Fernández aseguró que se siente "totalmente tranquilo" y confió en que la causa se archive, ya que, tal y como defendió, existe documentación que acredita que "todo se realizó conforme a la ley".

"Por fin puedo saber qué es lo que ocurre con este caso", dijo Fernández a su salida de la sede judicial, después de que el martes de la semana pasada se aplazara su declaración al no haber tenido acceso a la denuncia. En este sentido recordó que todo parte de una denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) tomando como base un informe de fiscalización de las ayudas a las Utedlt elaborado por la Cámara de Cuentas. "La cámara pidió documentación a la Dirección General de Calidad del Empleo sobre la concesión de ayudas a los consorcios Utedlt para la contratación de los agentes locales de promoción de empleo (ALPE)", pero, según dijo, "no sé que documentos presentaron, pero no tuvieron que presentar mucho porque no se justifica lo que ellos piden y ponen en entredicho, incluso, que existiera dicho personal en los ayuntamientos". A pesar de todo ello, Fernández insistió en que se siente "absolutamente tranquilo", aunque se encuentra imputado por un supuesto delito de malversación de fondos al estar al frente de la Delegación de Economía y Empleo durante la presunta comisión de los hechos. "Nosotros disponemos de la base documental que acredita todo lo que se tenía que haber presentado en la Cámara de Cuentas", insistió. Según Fernández, toda esta documentación ya se ha presentado en el juzgado, por lo que confía en que la causa quede archivada. "Ya se ha entregado la justificación de cómo se hacían las contrataciones y la selección de los ALPE, con convocatorias públicas de empleo. Todo se puede acreditar documentalmente", recalcó el exdelegado.

Fernández Ramírez fue alcalde de Pozoblanco entre 1987 y 2004 y uno de los hombres fuertes del PSOE provincial, si bien tras su paso por la Junta no ha participado activamente en la política. Por ello, ayer, tras su declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción número uno, lamentó tener que verse "en esta tesitura", en la que "parece ser que alguien por su imputación es menos que un delincuente". La magistrada por su parte, a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), informó, tras tomar ayer declaración, de que Fernández, y dos directores generales de Calidad de los Servicios para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), hasta el momento continúan imputados en la búsqueda de pruebas que determinen si hay un delito de malversación de caudales públicos. "El juzgado continúa investigando las anomalías detectadas en el destino de estas subvenciones", puntualizó la magistrada.

Según el fiscal, durante los años 2010, 2011 y 2012 el Servicio Andaluz de Empleo concedió ayudas por una valor de 57,3 millones de euros a los 95 consorcios Utedlt de Andalucía, de los que ocho son de la provincia de Córdoba. En el informe previo de la Cámara de Cuentas se concluye que "un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48% de los casos no había mediado convocatoria pública. "Es más, los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros", señala el documento.