La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por la denominada operación Enredadera, ha puesto en libertad a dos directivos del Administrador de Infraestructuras Ferrroviarias (Adif) después de que hayan abonado una fianza total de 340.000 euros. La excarcelación del ex gerente de Adif en Sevilla Antonio Rodríguez Jurado y del directivo de la misma empresa en Córdoba, Enrique José Finch Ramos, se produjo en los últimos días después de que ambos abonaran en el juzgado las fianzas de 90.000 y 250.000 euros, respectivamente, que la magistrada les había impuesto para poder eludir la prisión provisional acordada tras su imputación en la tercera fase de la operación Madeja.

Con la salida de prisión de estos dos imputados, ya sólo permanece privada de libertad una única persona implicada en la operación, el director comercial de Fitonovo y responsable de una de las líneas de negocio de la empresa, Juan Andrés Brugueras, quien según la instructora tenía a su cargo a la mayor parte de los comerciales de la empresa y supervisaba directamente buena parte de los contratos con las administraciones. La juez impuso a Brugueras para eludir la prisión una fianza de 180.000 euros, pero el director comercial, que está encarcelado desde el pasado día 11, no ha podido aún reunir dicha cantidad.

La operación Enredadera se cerró con la detención de 32 personas y la imputación de varias decenas más dentro de una investigación que ha destapado una trama corrupta de pago de mordidas a funcionarios y cargos políticos. Según la instructora, esta red formaba una "organización criminal jerarquizada" que tenía como centro a Fitonovo, empresa que llevaba una contabilidad B que recogía el pago de las comisiones a cambio de favores en las adjudicaciones.

Alaya atribuye al ex gerente de Adif en Sevilla Antonio Rodríguez Jurado haber cobrado supuestamente mordidas por importe de 428.535 euros entre 2002 y 2011, mientras que en el caso del directivo de la misma empresa en Córdoba Enrique José Finch Ramos, la magistrada le imputa haber cobrado 1.004.624 euros entre 2003 y 2012.

Tras el cierre de la operación Enredadera, la juez levantará en breve el secreto de sumario que pesa sobre esta investigación desde hace 17 meses, aunque en mayo pasado lo levantó parcialmente en relación con el ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño. Una vez que levante el secreto, Alaya tendrá que pronunciarse sobre la posible elevación de la causa a la Audiencia Nacional, al haberse producido el delito en doce provincias españolas.