Los empresarios del sector turístico, al menos parte de ellos, han empezado a mover ficha para evitar la disolución del Consorcio de Turismo después de que un informe municipal pusiera en duda la semana pasada su continuidad. El Consorcio es un órgano mixto formado por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), aunque solo el Consistorio aporta fondos, un millón de euros anuales. En el informe se establece que si el resto de instituciones que lo forman no invierten en el Consorcio, éste tendrá que desaparecer o integrarse en el organigrama municipal. La Asociación Provincial de Empresarios de Turismo Córdoba Apetece insistió ayer en que CECO tiene que "asumir su responsabilidad" y realizar una aportación para evitar la disolución del organismo aunque establece otras opciones como la creación de un ente público-privado con la integración de empresarios que paguen su cuota o la puesta en marcha de un consejo asesor.

El coordinador del colectivo, Alberto Rosales, explicó ayer a el Día que CECO debería "convertirse en un motor" y destinar una partida económica para "que el Consorcio sobreviva a la incómoda situación que sufre desde hace meses". Para Rosales, esta sería la primera solución, aunque es consciente de que no es muy factible. Desde CECO apuntaron ayer que están "estudiando" el informe municipal en el que se vincula la continuidad del organismo a la aportación de fondos por parte de la Cámara y la Confederación. La primera institución ya manifestó que con la nueva política de cuotas no cuentan con financiación por lo que todas las miradas están puestas en CECO, que todavía está analizando el contenido del documento. Este escenario parece complicado sobre todo teniendo en cuenta las tensas relaciones que desde hace meses mantienen CECO y el Consistorio.

En el supuesto de que la patronal no realice ninguna aportación, Córdoba Apetece ya ha puesto encima de la mesa otras opciones. Por un parte, Rosales explicó que se podría crear un órgano del que también formaran parte los empresarios, quienes aportaría una cuota periódica para respaldar su actividad. "Sería seguir el modelo mediante el que se creó el Córdoba Convention Bureau (CCB)", apuntó el hostelero, quien recordó que él mismo fue socio fundador del CCB. Este organismo surgió con el objetivo de captar congresos y reuniones en la capital, aunque finalmente fue disuelto y las actividades de promoción de este tipo de turismo pasaron a gestionarse desde el Consorcio.

Otra de las propuestas consiste en la puesta en marcha de un consejo asesor. Rosales explicó que "sería muy recomendable" que se contara con un grupo de trabajo "en el que estuviésemos representadas todas las partes" para "tomar las decisiones que tengan que ver con el turismo de manera consensuada". El empresario destacó la necesidad de la colaboración "público-privada" como instrumento para "desarrollar proyectos que sean capaces de generar más visitantes".

El informe municipal, elaborado de manera conjunta por la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento, asegura que si no se compensan las aportaciones y según la ley de racionalización de la administración local, el Consorcio debe separarse del Ayuntamiento, lo que conlleva su disolución. Otra de las posibilidades que se plantea es integrar esta entidad tal cual en el Consistorio, como en la Concejalía de Turismo o que se adscriba a un organismo autónomo del Consistorio, como por ejemplo, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Esta última opción, según el citado informe, incluye la reforma de los estatutos del Consorcio y posibilitaría, además, "la cesión global de activos y pasivos del Consorcio a dicho organismo autónomo". En el caso del personal del Consorcio y, si se sigue esta última posibilidad, según el documento de la Intervención y de la Secretaría General, la plantilla pasaría a adscribirse al organismo elegido. Según los responsables del documento, esta salida "presenta mucha semejanza con la que se está adoptando por otras administraciones en situaciones similares, como es el caso de la Junta de Andalucía, que atribuye las competencias de formación profesional ocupacional que venían desempeñando los consorcios escuela a un ente, como es la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que recibe todos los activos y pasivos de los citados consorcios".