Miembros de las plataformas Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y Defensa del Patrimonio Navarro acudieron ayer hasta el Congreso de los Diputados para reclamar al PSOE y a IU que presenten recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria que permite la inmatriculación de los bienes de la Iglesia, como es el caso de la Mezquita-Catedral. Entre ellos acudió Miguel Santiago, miembro de la plataforma cordobesa, quien consideró que los partidos políticos tienen "la obligación de dar respuesta a este problema, ya que Iglesia católica se está quedando con bienes culturales y patrimoniales del pueblo en todo el Estado español". A su juicio, "no se puede permitir que la Iglesia y el Estado Vaticano se esté quedando con lo más grande, con la memoria histórica y con el patrimonio de todos los españoles".

Quien también acudió al encuentro en la Cámara baja fue Antonio Manuel Rodríguez, miembro de la citada plataforma, quien volvió a insistir en la necesidad de que se planteé un recurso de inconstitucionalidad a la citada ley. A su juicio, el encuentro sirvió para que "los poderes públicos tomen conciencia de lo que ocurre". Rodríguez destacó la "unanimidad" entre el PSOE, IU y el Grupo Mixto ante esta polémica y volvió a reclamar que la gestión de la Mezquita-Catedral "respetando uso católico, sea profesional y transparente". La clave, continuó, "es el reconocimiento de la inconstitucionalidad". Rodríguez avanzó también que desde la plataforma seguirán "presionando" hasta conseguir que se presente el citado recurso de inconstitucionalidad.

Según la información facilitada por la plataforma, los integrantes de estas organizaciones mantuvieron un encuentro con el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, quien destacó "el tamaño del escándalo, que vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado" consagrado en la Constitución española. Acompañado de los portavoces del PSOE de Justicia, Juan Moscoso y Rosa Aguilar, aseguró que su grupo también "ha tomado conciencia del expolio" y, según la plataforma, se comprometió a estudiar la viabilidad de presentar un recurso directo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Para el PSOE, "la apropiación masiva de bienes de patrimonio histórico y cultural y bienes públicos que ha realizado la Iglesia Católica gracias a la reforma de 1998 del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia". Los socialistas explicaron también que en el encuentro valoraron las "diferentes alternativas que existen para lograr ese objetivo, que compartimos plenamente" y añadieron que se acordó con las plataformas "coordinar las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias para lograr su reversión".

El coordinador general de IU, Cayo Lara, también se reunió con los integrantes de los citados colectivos y anunció que desde la coalición promoverán en el Congreso de los Diputados un pronunciamiento parlamentario que reconozca la "inconstitucionalidad del privilegio de la Iglesia" recogido en una ley que fue promulgada por la dictadura de Franco en 1946. Aseguró también que IU impulsará entre los grupos políticos un recurso directo ante el Tribunal Constitucional, "que resuelva de una vez todas las apropiaciones" antes de que la reforma de la Ley Hipotecaria auspiciada por el Gobierno consolide la "amnistía registral" de la Iglesia.

La última reunión de la jornada fue con el Grupo Mixto y a ella asistió, entre otros diputados, Uxue Barcos, parlamentaria de Nafarroa Bai, quien indicó que presentará una enmienda a la reforma de la Ley Hipotecaria, conjuntamente con IU y otros grupos, en la que se reconozca que el artículo 206 se encuentra derogado de forma automática tras la promulgación de la Constitución de 1978.