Un total de 3.117 personas han presentado ya su solicitud para optar a uno de los 650 empleos del plan contra la exclusión puesto en marcha por la Junta de Andalucía. La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, María Jesús Botella, explicó que de todas las solicitudes recibidas ya se han recepcionado correctamente 1.087. Por zonas, 290 pertenecen a la barriada de Lepanto, donde se han entregado 457 solicitudes y se han informado a otras 598 personas. En el centro Arrabal del Sur se han recepcionado 338 peticiones, se han entregado 1.120 documentos y se ha prestado información 1.225 personas. En Moreras se ha dado el visto bueno ya a 258 solicitudes aunque llegaron 890 peticiones y un total de 535 cordobeses pasaron para obtener información. En el caso de Palmeras, se han recepcionado 201 solicitudes y se han recibido 710.

Botella recordó que los interesados tendrán hasta el próximo 20 de octubre para presentar la documentación en uno de los cuatro centros habilitados para ello. El periodo es igual que el año pasado pero se han incrementado los puntos de recepción de solicitudes. Además, habrá un plazo de subsanación de errores. Por tanto, se dispone de diez días hábiles en los que las personas contratadas por el Ayuntamiento para este fin se encargarán de facilitar los trámites a los interesados que, entre otros requisitos, deberán acreditar que no han trabajado más de 90 días en el último año. La oposición ha pedido recientemente que se alargue el plazo de presentación de solicitudes para no colapsar los centros, ya que los contratos no se iniciarán hasta el año que viene, aunque Botella explicó esta semana en el Pleno que no se ha considerado necesario y que el decreto establece, como el año pasado, los diez días hábiles.

La responsable de Servicios Sociales estimó que el presupuesto destinado a Córdoba por la Junta, 1,3 millones de euros, permitirá realizar en torno a 650 contratos de dos meses. A partir del 21 de octubre, el Ayuntamiento realizará la selección en base a las prioridades establecidas por el decreto de la Junta de Andalucía.

En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo. Todos los contratos deberán estar formalizados antes del 15 de marzo del próximo ejercicio.