La concejal delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, María Jesús Botella, acusó ayer a la Junta de Andalucía de "falta de planificación" a la hora de gestionar el decreto de exclusión social. Este decreto supondrá la contratación de 900 personas procedentes de las clases más necesitadas, cuyos sueldos se pagarán con la partida que la Administración autonómica ha destinado para tal cometido. En concreto, Botella criticó que la Junta estaba tardando demasiado en ofrecer el certificado en el que se detalla que el demandante ha estado buscando empleo el tiempo necesario para poder solicitar uno de los contratos. "Se estaba dando cita para 20 días y nosotros tuvimos que hacer la gestión ante los responsables de la Junta para que no se rompieran totalmente los plazos, ahora ya se da de manera inmediata", informó la concejal.

Botella también aclaró algunas de las informaciones que han aparecido durante esta última semana con respecto a este decreto. La responsable de Servicios Sociales se refirió a las palabras que desde el PSOE lanzó Inmaculada Durán, quien criticó que el Consistorio contratara a una empresa externa, "en lugar de al Imdeec", para gestionar las distintas fases que tienen que seguir los solicitantes del decreto. Botella declaró que "se ha optado por esta solución para prestar una mejor atención al ciudadano porque se presta un servicio personalizado y se asesora y auxilia para que todas las solicitudes lleven la documentación que requiere el decreto". En concreto, la Administración local ha contratado a 12 personas para que se instalen en los centros cívicos de Arrabal Sur, Poniente y Moreras, donde se pueden presentar las peticiones. Botella informó de que el sueldo de estas 12 personas sale de los presupuestos de personal del Ayuntamiento y no del presupuesto de los servicios sociales, "como se ha dicho con el afán de enredar. Si no se hubiera hecho de esta manera, corría el riesgo de colapsarse".

Otra de las críticas que se le ha achacado al Ayuntamiento desde otras corporaciones, como la federación Haz tu futuro, es el hecho de que haya empezado a hacerse en septiembre, cuando se tenía constancia de ello desde mayo. Ante esto, la concejal explicó que "estas cosas no se pueden hacer de un día para otro porque hay que establecer los procedimientos para garantizar la equidad en la admisión de las solicitudes". Botella también detalló que "el decreto es del 30 de abril pero la Junta no resolvió de manera definitiva las cantidades que le correspondían a cada ayuntamiento hasta mediados de julio, quizá había consistorios que no se adherían y sus cantidades iban para los restantes".

Asimismo, la concejal declaró que "todo lo del decreto está bien y bienvenido sea pero hay que reclamar el pago de las cantidades que la Junta adeuda al Ayuntamiento en conceptos que afectan a los servicios sociales". Según Botella, el Gobierno andaluz tiene una deuda de 5,2 millones de euros con el Consistorio, "sumen lo que debe al resto de ayuntamientos y de Andalucía y saquen conclusiones", sentenció.