El año 2012 quedará marcado en el recuerdo por el malestar mostrado por la ciudadanía ante los constantes y temidos recortes en pilares tan básicos de la sociedad como la sanidad. Ningún empleado del Servicio Andaluz de Salud ha conseguido librarse de la guillotina, lo que se ha traducido en protestas y manifestaciones permanentes en los hospitales y centros de salud de la provincia. El Ejecutivo autonómico, por su parte, intenta quitarle hierro al asunto, a pesar de que durante los últimos doce meses el sistema sanitario público andaluz ha estado en un constante tambaleo.

Los recortes ya comenzaron a afectar a la sanidad en el año 2010 con tijeretazo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que redujo un 5% el salario de todos los empleados públicos, con la conocida Ley 8/2010. Las siguientes puñaladas se produjeron en las reducciones de los PGE 2011 y 2011, en los presupuestos de la Junta para el mismo periodo. Aunque la gota que colmó el vaso fue Plan Andaluz Económico Financiero de Reequilibrio para 2012-2014, aprobado en el mes de junio, que comprendía severos ajustes al personal sanitario tanto en el capítulo económico como en el laboral.

Junto a la reducción salarial, una de las medidas más polémicas se centró en la aplicación de las 37,5 horas semanales, debido a la postura intransigente del SAS. En este sentido, el ente público rechazó la propuesta de su aplicación a diario; es decir, o bien que la jornada empezara un cuarto de hora antes y acabara un cuarto de hora después o bien que los profesionales trabajasen media hora más a la entrada o a la salida del servicio. El objetivo era apostar por "acúmulos" y no de forma diaria. Este sistema consiste en que los profesionales vayan acumulando estas horas semanal o quincenalmente, de manera que puedan reunir horas suficientes para trabajar durante una jornada de 2,5 o 5 horas por la tarde. Así, según los afectados, el SAS tenía previsto cubrir las carencias de personal que tienen en esta franja y supondría una reducción de contrataciones.

La negativa del SAS consiguió abrir definitivamente la caja de Pandora y los profesionales médicos decidieron pasar a la acción. Los primeros en mostrar su fuerte malestar fue la plantilla del Hospital Reina Sofía  que no dudó en constituir una plataforma para minimizar el impacto de los recortes en materia sanitaria. A esta fórmula de protesta se unieron los trabajadores de Atención Primaria, que en septiembre pusieron en marcha su propio colectivo para rechazar las medidas y pedir a las administraciones una solución para gestionar el sector sanitario sin incidir en el derecho a la salud. Un mes más tarde dieron un paso hacia adelante iniciando una "semana de luto" para denunciar la "defunción" de la sanidad pública,  durante la cual informaron a los pacientes sobre su situación y protagonizaron una manifestación a modo de entierro por toda la zona Centro de la ciudad. Pero, la actuación con más adhesiones tuvo lugar el pasado 23 de octubre cuando el 65% los facultativos de atención primaria y especializada secundaron la jornada de huelga convocada por el Sindicato Médico de Andalucía. 

Este paro supondría tan sólo un pequeño precedente de la tensión que estallaría el pasado 19 de noviembre de la mano de los profesionales más jóvenes, los residentes en proceso de especialización, que iniciaron una huelga indefinida. Durante 16 días los conocidos como MIR no dudaron en protagonizar todo tipo de protestas en los accesos del Reina Sofía, así como en sitios tan céntricos como la plaza de Las Tendillas o el Puente Romano. En concreto, exigían calidad en la formación y poner freno a los recortes salariales. 

El seguimiento masivo de la convocatoria puso entre las cuerdas el funcionamiento del hospital, evidenciando las carencias de plantilla en áreas tan importantes como Urgencias. El paro de los residentes afectó a la carga laboral de la plantilla con la que cuenta en SAS y que muchos de sus profesionales denunciaron a través de escritos a la Dirección Gerencia del hospital. Esta vía la utilizó, por ejemplo, la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, Cirugía General y del Aparato Digestivo, la Unidad de Gestión Clínica de La Mujer, así como los profesionales de Urgencias. Todos ellos dejaron constancia por escrito de la sobrecarga laboral que sufrieron a consecuencia del paro de los residentes , provocando un "deterioro en la prestación de la atención al usuario y que como consecuencia de ello atenta contra la política de seguridad del paciente".

Finalmente el pasado viernes, tras intensas jornadas de negociación,  se produjo un principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía y los Especialistas Internos Residentes que supuso la desconvocatoria de la huelga. De este modo, Salud consiguió evitar que los profesionales en prácticas retomasen el paro durante las fechas navideñas, cuando l aplantilla tiende a disminuir debido a que muchos profesionales se encuentran disfrutando de vacaciones. La Junta anunció a través de un comunicado que la aplicación del aumento de la jornada, el principal escollo entre ambas partes, se haría en horas asistenciales y también que los residentes participarían en grupos de trabajo para contribuir en la mejora del sistema sanitario público de Andalucía.

Los propios sindicatos, como CCOO y Satse, denunciaron que la huelga de los MIR ha evidenciado la situación de "colapso" que sufre el hospital debido a la falta de personal. En estos momentos, en plena época navideña, insistieron que la plantilla cuenta con un déficit de un 30% de trabajadores teniendo en cuenta la demanda sanitaria. En este sentido, señalaron que desde el pasado mes de abril no se ha producido ninguna contratación para cubrir bajas laborales y que tan sólo se ha hecho contrato eventuales al 75%. Del mismo modo, apuntaron que no se está cubriendo las vacantes por jubilación. Es por ello, que los sindicatos insistieron en que dudan que en estos momentos el hospital cuente con una plantilla de más de 5.000 trabajadores, tal y como aseguran desde la propia Dirección.

Otro de los datos más preocupantes con los que se va a poner fina a 2012, tal y como puntualizaron los sindicatos es con el cierre de 186 camas en toda la provincia, así como que diversas unidades hospitalarias cuenten en estos momentos con tan sólo un enfermero para una media de 26 a 36 pacientes, lo que califican como una "auténtica temeridad".

El panorama para el año que está a punto de comenzar no presenta ningún atisbo de mejora. En el punto de mira de los sindicatos se encuentran las intervenciones quirúrgicas por la falta de personal. En estos momentos insistieron que un paciente llega a esperar dos años para operaciones comunes como problemas traumatológicos.