Nueve de cada diez profesores acudirán a sus puestos de trabajo enfermos con la entrada en vigor de la nueva normativa que regulará las bajas por incapacidad temporal por enfermedad común o accidente laboral que no requiera hospitalización a partir del próximo año. Ésta es la estimación realizada por CSIF tras remitir una encuesta entre más de 1.500 profesores y maestros andaluces, de los que 575 imparten clases en Córdoba.

La presidenta del CSIF, Elena Córdoba, aseguró ayer que con la aplicación de esta norma "no será extraño que el próximo año se puedan ver en los centros de enseñanza escenas como un maestro dando clase con muletas, con una escayola, con gripe y luciendo una mascarilla para no contagiar a los alumnos".

A la pregunta "¿considera que tras la nueva normativa se esconde la incapacidad de la Administración de controlar los posibles fraudes, haciendo pagar a justos por pecadores?", el 95% de los docentes encuestados por el sindicato CISF responde de manera afirmativa. La encuesta incluye otra pregunta en la que se cuestiona al profesorado si la nueva normativa de bajas supone un ataque encubierto a la función pública. En este caso, el 92% de los docentes también responde afirmativamente. Por otra parte, más del 95% de los maestros y profesores asegura que "dado que con la nueva normativa no se cubren las bajas los primeros 15 días, la Administración pretende hacer caja con las enfermedades de los docentes". Se trata de una opinión generalizada que atribuye a esta normativa una afán "mezquino", cuando menos, apuntó García.

La aplicación de la norma, según la encuesta del CSIF, afectará de manera negativa a la calidad de la enseñanza. Prueba de ello es que para el 81% de los maestros y profesores encuestados, esta medida "se dejará sentir mucho en la calidad educativa", mientras que el 12% considera que se notará poco. Según la citada encuesta, más del 95% de los docentes considera que la medida "vulnera los derechos básicos de los empleados públicos".

Para García, esta norma supone "un atentado a los derechos de los docentes que, sin duda, pasará factura tanto a nivel profesional como de calidad de la enseñanza, por no hablar de la desmoralización que traerá al colectivo docente".