Alrededor de 1.500 profesores -de los ciclos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y del resto de enseñanzas no universitarias- tienen su puesto de trabajo en el aire. Ésta es la cifra que maneja el sindicato CSIF -el mayoritario de la enseñanza en Córdoba- ante el recorte en 3.000 millones de euros en la partida del Gobierno central para educación. Este personal sería el primer damnificado por el ajuste del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Este cálculo llega después de que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, mantuviera ayer el primer encuentro con los consejeros de Educación, y anunciara que se va a elevar hasta un 20% el número de alumnos por aula en Primaria y Secundaria. Este porcentaje supone que si actualmente el máximo fijado de alumnos en un clase de Infantil y Primaria es de 25 (ampliable hasta 28), el límite se establezca en 30. En Secundaria, la ratio pasaría de 30 alumnos a 36. Para la responsable de CSIF, Elena García, "estas medidas de ajuste supondrán una reducción en la calidad educativa". A su juicio, habrá que esperar qué decisión adopta la Consejería de Educación, ya que serán los gobiernos autonómicos los que tendrán que decidir cómo aplican estas medidas.

Otras de los ajustes afecta a las horas lectivas del profesorado. Educación propone establecer una parte lectiva de la jornada semanal del profesorado de como mínimo 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 horas en Secundaria. Para García, esta decisión tendrá efectos contrarios en el actual sistema educativo de la Junta y pone en peligro, por ejemplo, programas como el de las clases de refuerzo que se imparten por las tardes en algunos centros.

Desde ANPE también criticaron las medidas del Gobierno para ahorrar esos 3.000 millones de euros en el sector educativo. Desde la organización cordobesa aseguraron que "el aumento de las ratios y del horario lectivo supondrá la no renovación del puesto de trabajo de un buen número de profesores". A su juicio, esta situación "tendrá un efecto devastador en la escuela rural, que verá cerradas muchas unidades, en las enseñanzas de idiomas, en la formación profesional y en la posibilidad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y atención a la diversidad". Por ello, exigió que la educación "se preserve de los rigores presupuestarios con un pacto de mínimos que pueda garantizar que se efectúen las reformas que necesita imperiosamente el sistema educativo".

Quien también mostró su rechazo a esta medida fue el consejero en funciones de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien criticó las consecuencias que tendrán estas decisiones, que "perjudicarán a la escuela pública y el futuro de España". Tras advertir de que estas acciones obligarán a despedir a los docentes, el consejero señaló que "ningún sistema educativo del mundo ha mejorado despidiendo profesorado", y consideró que los recortes empeorarán las condiciones de trabajo de los profesores, con más alumnado por aula.