Es como si hubiera una consigna interna en el PSOE y en la Junta para no hablar ni referir nada de la entrega de varios millones de euros a Industrias Turísticas de Andalucía, una empresa que debía más de medio millón de euros a la Seguridad Social y que justificó buena parte de los fondos destinados a formación en la compra de ingentes cantidades de alcohol de alta graduación y de vinos tintos de una conocida marca de rioja. La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, negó ayer la mayor y señaló que no sabía nada sobre un caso que fue desvelado por El Día el pasado lunes y que constituye uno de los ejemplos de entrega de fondos de forma irregular más cuantiosos de cuantos se han producido durante el mandato de los socialistas en la Junta de Andalucía. No hay que olvidar que Inturan recibió en distintas entregas hasta 4,5 millones de euros de forma irregular y con una praxis de justificación, por parte de la empresa, y de fiscalización, por parte de la Junta, más que deficientes.

"No sé nada, no estoy enterada", aseguró Susana Díaz, quien no dejó claro si no sabía nada de lo publicado o del caso en sí. En cualquier caso, la negativa de Díaz coincide con la estrategia del avestruz que está practicando la Junta desde que el tema salió a la luz. Ayer tampoco hubo respuesta sobre el tema por parte de la administración autonómica. En estos tres días -El Día contactó con la Consejería de Empleo por primera vez el pasado lunes-, Empleo no ha sido capaz de ofrecer ninguna respuesta acerca del tema. Ni ha desmentido, ni ha intentado ofrecer datos de contraste. Nada. Simplemente, al igual que el PSOE, han querido correr un tupido velo.

No hay que olvidar que aparte de las subvenciones percibidas de forma irregular, Inturan, cuyo propietario es el presidente del Consorcio de Turismo, Vicente Carmona, es la empresa adjudicataria de la gestión del Palacio de Congresos, un edificio de titularidad autonómica que lleva en manos de este empresario desde hace años. Aparte, Carmona, tiene, tal y como desveló este diario, adjudicadas escuelas de hostelería de Ayuntamientos socialistas como los de Lucena, Villalba del Alcor (Huelva) o La Rinconada (Sevilla). Además, gestiona el Convento de Santa Clara, un hotel escuela que fue posible después de una fuerte inversión pública.

Quien sí manifestó ayer su opinión acerca del tema fue la cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz, Araceli Carrillo. La política lucentina, quien participó ayer en el encuentro digital de campaña que organizó este diario, respondió a uno de los lectores que le preguntó directamente por estos hechos que "todo lo que signifique irregularidades no me entra en la cabeza. Eso sí, cuando alguien comprueba una irregularidad lo primero que tiene que hacer es irse a los tribunales y demostrar las cosas", señaló.

El caso Inturan tiene otra implicación clave. Vicente Carmona es presidente del Consorcio de Turismo de Córdoba, un cargo que es propuesto por la Confederación de Empresarios (CECO) debido a que este consorcio es mixto y tiene presencia del Ayuntamiento. Es evidente que la campaña ha marcado las decisiones. El alcalde, José Antonio Nieto señaló el pasado martes que se iba a poner en contacto con el presidente de CECO, Luis Carreto, para comentar la situación, mientras que Carreto, quien declinó realizar declaraciones sobre el asunto sólo dijo que estaba esperando la llamada del alcalde. Aparte, el presidente de la patronal se encuentra inmerso en el proceso de su reelección, que se producirá en la asamblea de mañana, a la que concurre como único candidato. Por todo esto, las fuentes de ambas partes consultadas apuntan que no es de esperar que en estos días electorales se tome ninguna decisión acerca de lo ocurrido.

El caso Inturan tiene varias vías, pero la más destacada se refiere a que Vicente Carmona utilizó fondos de subvenciones de formación para tapar parte del déficit de sus cuentas de 2009, cuando el dinero estaba destinado para las acciones de 2010, por lo que debían haberse contabilizado en este último curso. Esta alteración del balance de sus cuentas, en las que se contabilizaron 1,5 millones como ingresos cuando no correspondía, permitió que Carmona pudiera optar a una subvención posterior de tres millones de euros. Todo ello, con un déficit de medio millón con la Seguridad Social.