La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba cerrarán en breve la única entidad creada con ánimo de colaboración interadministrativa para abordar el problema de las parcelaciones. En concreto, las de la zona protegida de Medina Azahara, que afectan a un Bien de Interés Cultural. Se trata de una entidad que arrancó en el año 2009 gracias a un acuerdo entre la institución municipal y el Gobierno andaluz, que entonces tenía una consejería específica de Vivienda, al frente de la que estaba Juan Espadas.

Tanto Espadas como la exconsejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez están detrás del primer plan sistematizado para actuar en el entorno de Medina Azahara. Eran tiempos de más dinero donde se podían realizar ideas de cierto presupuesto, como la expropiación de parcelas no edificadas o la creación de un parque periurbano en torno al yacimiento arqueológico. La oficina técnica, que se creó con una vigencia de cuatro años prorrogables, le ha cogido de lleno la crisis y ni siquiera podrá concluir siquiera la temporalidad recogida en el acuerdo.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) es la única entidad que en estos momentos está aportando dinero para sostener la actividad de la oficina, que concluirá en breve su actividad. El Ayuntamiento retiró hace varios meses a los trabajadores que había transferido para realizar las encomiendas de gestión que tenía encargadas la oficina. Ese personal dejó de trabajar en la entidad hace bastantes meses, en torno al anterior mandato , sin que quedase aclarado nunca las razones de dicha decisión a pesar de que el convenio seguía y sigue vigente y no se había entregado el documento final definitivo. Dicho acuerdo institucional recogía expresamente la posibilidad de prorrogar en ejercicios sucesivos la vigencia de la oficina técnica, que ha dirigido y dirige el arquitecto Enrique López.

El documento final nació como un plan de acción sobre qué hacer desde cada entidad para desarrollar un marco coherente que permitiese devolver la ordenación y la legalidad para el entorno de Medina Azahara. El plan definitivo se está culminando en estos días aunque no tendrá un carácter específicamente vinculante para las partes. Será remitido a cada una de las instancias responsables (el Ayuntamiento y las consejerías de Obras Públicas y Cultura, fundamentalmente) para que se incorporen las medidas contenidas en el documento. ¿Cuál es el contenido? El delegado de Obras Públicas, Francisco García, explicó que, antes que nadie, se dará a conocer a la comisión de seguimiento que preside la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio. Se convocará en breves fechas para dar a conocer los resultados. El informe ya tuvo un documento preliminar que establecía una serie de alternativas, algunas de las cuales ya habían sido manejadas en otros momentos del pasado reciente. Se establecían en ese primer informe medidas como la adquisición directa de la totalidad del suelo correspondiente a los antiguos límites del Bien de Interés Cultural de Medina Azahara (al norte del canal del Guadalmellato) de forma que se pudiera crear un parque arqueológico de 326 hectáreas y mantener en un futuro el proceso de excavaciones. Otras iniciativas eran el establecimiento de un campo de golf de 18 hoyos en la zona de Turruñuelos. A cambio, se proponían una serie de medidas correctoras para paliar el impacto paisajístico en la zona urbanizada de parcelas que, con el nuevo decreto, puede aspirar a una individualizada dotación de servicios básicos siempre que la vivienda estuviera edificada con carácter previo y sin orden de demolición a la extensión del BIC.

La oficina técnica -tenía la sede en la barriada de El Higuerón- ha realizado un exhaustivo inventario de las parcelas existentes en el ámbito. Dicha iniciativa se llevó a cabo a raíz de una actuación aprobada desde la Junta de Andalucía para adquirir parcelas sin edificar. Para ello, el Gobierno autonómico aplicó la figura de la declaración de interés social de determinados terrenos que ocupan cerca de 29 hectáreas. Aunque se hablaba de expropiación, dicha figura otorga a la Administración el derecho de tanteo y retracto sobre los terrenos. Son propiedad de su dueño hasta que decide venderlas. En ese momento, tiene que ofrecerlas antes a la Junta. En conjunto, el antiguo departamento de Vivienda llegó a asegurar que estaría dispuesto a adquirir cerca de 29 hectáreas dentro de la zona protegida que rodea al yacimiento arqueológico.