Nuevo varapalo judicial al sistema de reordenación del sector público de la Junta. La Fiscalía se ha pronunciado sobre el procedimiento seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tiene sede en Sevilla, y ha emitido un dictamen por el que considera que se debe plantear llevar al Tribunal Constitucional esta norma.

Los empleados públicos han obtenido un nuevo dictamen favorable del Ministerio Público -el pasado martes se hizo público el primero- a uno de los recursos que se presentaron el pasado 16 de mayo por la vía especial de derechos fundamentales contra los protocolos y los estatutos de las nuevas agencias.

Según informó ayer el despacho de abogados Mariano Aguayo -que se ha hecho cargo del caso-, la Fiscalía considera que debe estimarse "parcialmente" la demanda interpuesta por la Asociación Al-Ándalus y Defiendo mi derecho y la gestión pública, que representan a unos 5.000 empleados públicos, contra el decreto 101/2011 por el que se aprueba los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Según los mismos datos, la resolución afecta al régimen de integración del personal que trabaja en el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras a la citada agencia de nueva creación. Ambos colectivos, según el despacho de Mariano Aguayo, alegan la vulneración del derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a las principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria, reconocido y garantizado por los artículos 14 y 23 de la Constitución.

En su dictamen, la fiscal Ana María Hermoso considera que el régimen de contratación del Instituto Andaluz de Instituciones Culturales estaba reglado sólo por el derecho privado, lo que "difiere notablemente del régimen de acceso y reglamentación del personal funcionario y personal laboral de la Administración". Esto significa, según la Fiscalía, que la categoría jurídica de estos trabajadores es "totalmente ajena al concepto de empleado que se contiene en el Estatuto Básico del Empleado Público". La resolución incide en que el decreto "se aleja de los principios básicos" de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad que, según doctrina del Tribunal Constitucional, que "sólo pueden ser exceptuados por muy excepcionales razones objetivas", sin que sea suficiente "escudarse" en la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía.

En su informe, la fiscal explica también que con esta fórmula "los trabajadores del Instituto se transforman en empleados de la Agencia Pública Empresarial o, lo que es lo mismo, en empleados públicos". Por ello, el Ministerio Público cree que la integración es "contraria a la legalidad ordinaria", al infringir el artículo 55 de la Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, y que dispone que los procesos de selección de los empleados públicos deben ajustarse a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

El pasado martes, la Fiscalía consideró que la Junta vulnera el derecho fundamental a acceder a l función pública. En este caso, el procedimiento e derechos fundamentales s siguió ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Málaga.