La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, afirmó ayer que la ley de reordenación del sector público andaluz que se apruebe después de debatir las 159 enmiendas presentadas este viernes al proyecto de ley por parte de los tres grupos parlamentarios (PSOE-A, PP-A e IU-CA), "va a dejar mucho más claro que nadie entre por la puerta de atrás en la Junta".

En declaraciones a los medios tras ofrecer un balance de las actividades del Año Blas Infante, Moreno señaló que los funcionarios "son el corazón administrativo del Ejecutivo andaluz", por lo que la Ley que se apruebe "va a dejar meridianamente claro que esta reforma no quita ni da derecho a ningún colectivo de la Junta" y que "respeta todos los derechos y las situaciones previas porque no va dirigida a cambiar los derechos de los trabajadores, sino a reorganizar el funcionamiento del sector público andaluz".

En esta línea, la socialista mencionó que dicha ley "va a dejar mucho más claro que no vamos a perjudicar a nadie, sino a beneficiar al conjunto de la ciudadanía, que tiene derecho a una administración más moderna, eficiente y ahorradora, y que podemos encarar el futuro con solvencia en los servicios públicos", añadiendo que para el Gobierno socialista andaluz "el marchamo de público es la garantía final de la calidad de los servicios básicos que presta la comunidad".

Asimismo, Moreno aseguró que "lo que ha quedado demostrado una vez más es que el Partido Popular sabe restar pero no sabe sumar, por eso todas las enmiendas presentadas son enmiendas derogatorias, de supresión y, a día de hoy, seguimos sin conocer cuál es su modelo de sector público andaluz".

De esta forma, el Gobierno andaluz valora, según la consejera de Presidencia, "muy positivamente toda la tramitación parlamentaria, así como el esfuerzo que están realizando algunas organizaciones, no precisamente el PP-A por aportar ideas, mejoras y propuestas que se están planteando con seriedad". Al respecto, indicó que "la ley que va a salir del Parlamento será una Ley mejor que la que entró porque el Gobierno cuando abrió la puerta a una tramitación como ley del decreto, lo que quiso fue abrir un debate para mejorarla". Una norma que, según dijo, "va a mejorar desde el respeto total a los funcionarios de la Junta de Andalucía, aceptando en buena medida sus preocupaciones", pero partiendo de la base de "reformar y modernizar la Administración pública".

Moreno explicó que "la ley que salga una vez que se debatan las enmiendas va a dejar mucho más claro cuál es el objetivo fundamental de esta reforma", que no es otro que "eliminar 111 empresas públicas y crear agencias, que es un modelo que refuerza el control de lo público sobre los servicios que prestaban estas empresas públicas, y ahorrar así 118 millones de euros en un esfuerzo de austeridad necesario".