Andalucía

El Gobierno lleva al Constitucional el impuesto de la Junta a los bancos

  • El Ministerio de Chaves y Zarrías inicia un procedimiento de inconstitucionalidad contra una de las medidas de Griñán para reducir el déficit · La Junta seguirá adelante al igual que Extremadura y esperará la resolución

El Ministerio de Política Territorial que preside Manuel Chaves ha iniciado un procedimiento de inconstitucionalidad contra el impuesto aprobado por la Junta de Andalucía sobre los depósitos de las entidades bancarias presentes en la comunidad. Ésta fue una de las medidas fiscales anunciadas en junio por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, para reducir el déficit público y cumplir los objetivos de estabilidad impuestos por la Unión Europea.

Este paquete de medidas fiscales aprobadas en el decreto ley 4/ 2010 se aprobó en el Parlamento hace tres semanas como ley 11/2010 y ayer se publicó en el BOJA. En paralelo, tanto el BOJA como el BOE recogieron ayer la disposición del Ministerio de Política Territorial a iniciar un procedimiento de inconstitucionalidad contra el artículo seis del decreto ley 4/ 2010 (el de los depósitos a los bancos), firmado por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

La resolución, a fecha 6 de octubre, comunica al TC el acuerdo adoptado en la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la comisión bilateral de cooperación Administración General-Junta de Andalucía. Éste es un órgano de negociación entre ambas administraciones. El acuerdo pasa por "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias" en relación con el citado artículo, así como se ha procedido a "designar un grupo de trabajo" para proponer a la citada comisión "la solución que proceda".

Fuentes de la Consejería de la Presidencia explicaron a esta redacción que la convocatoria de esta comisión es "normal y lógica" cuando el Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad contra una medida adoptada por una administración autonómica. Se trata de una especie de moratoria de seis meses que se concede para negociar con la Administración regional y tratar de encontrar una solución contra una decisión de la que el Gobierno discrepa y en la que observa visos de inconstitucionalidad. Al haber aprobado el Parlamento la ley hace tres semanas con los únicos votos del PSOE, parece que la Junta no tiene disposición alguna a modificar esta tasa a los bancos.

De hecho, las mismas fuentes aseguraron que eran "plenamente conscientes" de que el Gobierno iba a anteponer un recurso contra esta medida, ya que se actúa al igual que sucedió con Extremadura en 2002. Así que la Junta seguirá adelante y esperará a ver cómo se resuelven ambos recursos. El Gobierno de José María Aznar recurrió este depósito a los bancos, sin que aún haya resolución al respecto. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo la demanda. El Gobierno argumentó que con este nuevo tributo se vulneraban las competencias estatales, ya que afectaba a bienes situados fuera del ámbito de esa comunidad.

Corrían otras circunstancias económicas, pero en 2001 Manuel Chaves como presidente andaluz descartó reproducir la medida extremeña porque los créditos superaban a los depósitos. Ahora como vicepresidente y ministro también se niega a la medida adoptada por su sucesor. Si nada lo remedia, será el Constitucional quien resuelva. Eso sí, no próximamente.

2002

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