Todo es enorme en la Consejería de Salud. Para comenzar, su propio nombre: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el departamento que dirige María José Sánchez Rubio. Con un gasto de 9.955 millones de euros en 2014, el departamento consume un tercio del presupuesto andaluz y gestiona, entre otros, al Servicio Andaluz de Salud (SAS), una de las joyas de la Junta. El grado de satisfacción de los andaluces con la sanidad pública es muy alta, de más del 90% en atención primaria, servicios de urgencia y hospitalización, aunque la política continuada de ajustes también se está comenzando a notar. En 2014, el presupuesto de Salud sólo bajará el 1,6%, pero, debido a su monumental tamaño, ese porcentaje se traduce en 200 millones de euros menos que, según la consejera, le obligarán a alternar la "eficacia sanitaria con la eficiencia económica". Ello se suma a una bajada en los sueldos que ya ha sufrido su personal, de la que es "consciente" la nueva consejera, la que tomó posesión del mando con la llegada de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al palacio de San Telmo. Eso sí, Sánchez Rubio mantiene que la Junta no ha cerrado ni cerrará ningún hospital ni centro de salud. "Es posible que, para algunos de los que había peticiones para abrir, se retrasen, pero se siguen abriendo; yo he inaugurado cinco centros y sólo llevo dos meses, ni se ha cerrado ni se cerrará", explicó la consejera de Salud en el Foro Joly que se celebró ayer en Sevilla.

El anuncio del mantenimiento de la red de centros sanitarios no lo sería tanto si no fuera porque el presidente de la Comunidad de Valencia, Alberto Fabra, hubiera excusado el lunes el cierre de la televisión autonómica bajo el argumento de que, así, no tendrá que clausurar ningún ambulatorio, que es lo que, según él, se hace en Andalucía. A la consejera le parecen "obscenas" este tipo de afirmaciones. La consejera, que es consciente del ajuste presupuestario que debe ejecutar, mantuvo que su departamento mantendrá intacta la cartera de prestaciones sanitarias que, en la actualidad, ofrece la Junta.

Sánchez Rubio sí admite que "es una realidad" parte del descontento del personal sanitario, al que, como en otros departamentos de la Junta, se le redujo el sueldo para no encajar una rescisión masiva de contratos. Como consecuencia del aumento de las horas semanales de trabajo de 35 a 37 horas, la Junta optó por rebajar los salarios del personal eventual sobre los despidos, lo que terminó afectando a unas 7.000 personas. Aunque con menos sueldo, se salvaron, pero el personal sanitario que entraba cada año en las ruedas de sustituciones se quedó a la espera o entró con cuentagotas.

No obstante, la Consejería dio ayer luz verde a una oferta pública de 915 empleos, de los cuales 569 son nuevos y 346 obedecen a promoción interna. Son justos los puestos de trabajo que les permite ofertar el Gobierno central, que ha reducido la tasa de reposición al 10%. Es decir, que de cada cien trabajadores que salen del sector por jubilación, sólo pueden entrar diez. "Nos iremos recuperando poco a poco, pero no podemos hacerlo del todo a lo largo de 2014, nos costará", indicó la consejera.

Así que Sánchez Rubio se encuentra ante el reto de mantener el nivel asistencial de la sanidad pública andaluza con los ajustes presupuestarios. ¿Cómo se hace eso? Según la consejera, que admitió que antes era de las que pensaba que si regentaba un puesto de pipas, lo terminaría cerrando, su departamento va a hacer una apuesta por la "alta cualificación estratégica", que pasa no sólo por controlar el gasto, sino por implicar al personal en ello.

Buena parte de las estrategias de ahorro de la Junta de Andalucía en materia de salud se han encontrado, aunque resulte paradójico, con la oposición del Gobierno central. Básicamente, la de subastas de medicamentos, cuyos decretos han sido enviados en tres ocasiones al Tribunal Constitucional sin que, hasta el momento, se haya pronunciado de modo definitivo. Sí parece que el Constitucional opina, porque de eso sí dejó constancia, de que este tipo de ahorros, que buscan maximizar el gasto farmacéutico, no perjudica a los usuarios de la sanidad pública, que es lo que sostenía el Ministerio que dirige Ana Mato.

Otro de los frentes que la Consejería mantiene abiertos con el PP es el de la Ley de Dependencia, después de que el Ayuntamiento de Jaén se negase a seguir pagando a los trabajadores mientras la Junta no satisfaga sus deudas con el municipio en esta materia. María José Sánchez abrazó la tesis de la Fiscalía de Jaén, que sostiene que es obligación de la Junta pagar y del Ayuntamiento, seguir prestando el servicio. La consejera sostuvo que su objetivo será reducir el retraso con los municipios a "dos o tres meses". En su opinión, el compromiso de los municipios con la Ley de Dependencia debe ser revisado caso por caso, ya que algunos se comprometieron a cifras imposibles mientras otros optaron por no arriesgar. En la actualidad, la Consejería atiende a 169.000 dependientes a pesar de que el Gobierno central apenas aporta el 25% de los fondos cuando debía dar el 50%. 169.000 personas equivalen a la población a la que no llegan algunas capitales de provincias en Andalucía. Eso: todo en esa Consejería es enorme.