Andalucía, causa y consecuencia de la deriva secesionista catalana. Causa y consecuencia de una vía cuyo final es impredecible, pero que abarca desde una improbable inalterabilidad -pocos creen ya que Cataluña se mantendrá en España con el actual estatus- a un posible cambio de escenario que recoja o una mejora de la financiación catalana o la admisión del principio de ordinalidad, gracias al cual una comunidad con escasos recursos públicos nunca podrá superar en gasto a aquéllas que son contribuyentes netos. Cataluña ha abierto una terrible duda sobre la idoneidad de la cohesión territorial. O sobre sus límites. Un concepto grabado en el consenso desde el año 1979 comienza a saltar por los aires, y a Andalucía le cogerá de lleno.

Si este principio, el de ordinalidad, se aplicara en sentido estricto, el Estado debería reordenar los criterios con los que reparte los fondos en la actualidad, de tal modo que Cataluña, por ejemplo, nunca podría estar peor financiada que Andalucía. O que Extremadura, y este caso sí se da en la actualidad. Extremadura ha sido históricamente una de las comunidades mejor financiada por habitante, a pesar de que su contribución fiscal. Ése ha sido el sentido del equilibrio territorial.

Pero aún queda otro escenario, el más extremo, el de la independencia de Cataluña, improbable, pero no imposible o, al menos, no tan imposible como se pudiera pensar antes de 2007, año del inicio de la crisis económica y catalizador de los cambios que se avecinan. Una Cataluña independiente causaría graves consecuencias, al menos en un principio, a su propia economía: un posible bloqueo de las compras de sus productos o una retirada de fondos de sus entidades bancarias sumarían una situación incontrolable, de la que España tampoco saldrían indemne.

La Constitución de 1978 trazó un mapa autonómico con un lápiz endeble, tan difuso como el título VIII de la Carta Magna que se redactó con un objetivo mínimo: que el País Vasco y Cataluña gozasen de autonomía. La España de hoy hubiera podido ser la de un Estado con tres autonomías, las dos citadas más Galicia, mientras el resto, que serían las regiones citadas pero no nominadas en la Constitución, gozarían de cierto grado de descentralización. Y no más.

Las legítimas aspiraciones de los andaluces consiguieron la inclusión de la comunidad en esta nómina, pero el proceso, simbolizado con el referéndum del 28-F, abrió una deriva por el que todas las llamadas a ser regiones serían autonomías y, además, con el mismo grado de autogobierno. Éste es uno de los hechos que nunca han aceptado los nacionalistas catalanes, la equiparación, la que ha convertido la historia del autonomismo español en una carrera de liebres que han intentado distanciarse de las tortugas, sin éxito alguno, hasta este momento. Prueba de ello es que la vía catalana también ha provocado el movimiento de la otra gacela, el País Vasco, cuyo lehendakari, Íñigo Urkullu, anunció el jueves la negociación de un nuevo estatus para su comunidad. El café con leche -se oyó otra vez en la Cámara vasca- se ha acabado. También abogó por acabar con este sistema la ex presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien criticó que "estaditos" surgidos de la nada se hubiesen puesto al nivel de la Generalitat.

Política y bolsillo. La vía catalana también afectaría a la financiación de las autonomías, y Andalucía sería una de las comunidades perjudicadas si en España comienzan a pesar los territorios tanto como las personas. Es decir, si gana peso el criterio de quienes opinan que la llamada solidaridad entre territorios debe tener un límite.

Las repercusiones de esta deriva en Andalucía son, pues, tan amplias y tan imprecisas como las de un camino a las que aún no se le ve el fin.

¿Seguirá todo igual o debemos prepararnos en Andalucía para nuevos escenarios? Este medio ha hablado sobre ello con varios profesionales del derecho, la economía y la política. También con empresarios, aunque éstos han preferido no hacer públicas sus opiniones.

Manuel Pérez Yruela, sociólogo, investigador y uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones Sociológicas Avanzadas (IESA), está convencido de que habrá un cambio de estatus de Cataluña: "Cambio habrá, y es difícil conseguir que no nos afecte nada". "Si hubiera una salida por la vía del acomodo federal para Cataluña, es previsible que haya cambios en la financiación autonómica y eso significa que habrá menos dinero para las comunidades. ¿Cuánto? Imposible de saber aún, pero quizás debamos prepararnos psicológicamente para ello". La opinión de Yruela, un gran conocedor de Cataluña, es que Andalucía debe "ir buscando sus propias fuerzas" mientras se resuelve la incógnita. "Esto es algo que tenemos pendiente, Andalucía debe prepararse tanto para una pérdida de fondos europeos como de los que proceden de España", indicó.

Eso sí: Yruela es de los que opinan que el debate de la independencia ya está creando una "incertidumbre" que perjudica por completo al país. "Y no estamos para ello", apostilla.

De algún modo, comienza a calar la idea, incluso en Andalucía, de que la Constitución no recogió bien la singularidad catalana, al menos la política. El propio PSOE comienza a dar esos pasos, aunque este partido reduce esa diferenciación al plano político, y que se sustentarían en la existencia de una lengua propia y una historia singular, pero no en el económico. La respuesta socialista es la reforma de la Constitución para conseguir un Estado federal.

Para el catedrático de Derecho Administrativo, el cordobés Santiago Muñoz Machado, autor del sugerente libro Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, algunas reivindicaciones catalanas pueden ser atendidas, pero cree complicado que el resto de las comunidades acepten la erosión del principio de solidaridad.

"No me parece que sea necesario un cambio general del modelo. También el Estado de las autonomías ha producido beneficios reconocibles en el orden democrático y del progreso de los pueblos", asegura este catedrático, miembro de la Real Academia, y no precisamente un refractario a las reformas constitucionales.

"Considero, sin embargo -siguió-, que las reclamaciones catalanas pueden ser atendidas en un marco de negociación y reformas que conduzcan al reconocimiento de algunas de las especialidades que solicitan". "Pero es muy difícil que el principio de solidaridad y los deseos igualitarios de las demás comunidades autónomas permitan que, más allá, de los aspectos culturales, históricos y lingüísticos se establezcan grandes diferencias jurídicas entre la posición constitucional de Cataluña y el resto de los territorios españoles". Y da un consejo: "Será preciso poner en contribución de la solución del problema la buena voluntad, mucha imaginación y una excelente técnica constitucional, bien lejana de cualquier improvisación".

Tanto una reforma fiscal catalana que avanzase hacia algo similar al cupo vasco o hacia la independencia serían, francamente, perjudiciales para las arcas públicas andaluzas. Pero ahí más. Francisco Ferraro, director del Observatorio Económico de Andalucía, lo tiene claro: la independencia catalana sería una "tragedia" para España y, en especial, para Andalucía. Pero no sólo por lo económico: "En Cataluña hay vanguardia artística, grandes economistas, son los innovadores, es el territorio más abierto de toda España, el más europeo, históricamente la parte más civilizada". Muy crítico con la construcción del sistema autonómico español -"ha sido un desgraciado proceso histórico, un proceso perverso, aunque sin buenos ni malos"-, mantiene que ni el PNV ni CiU hubiesen imaginado en 1977 que sus comunidades habrían de alcanzar sus actuales cotas de autogobierno. Más bien, opina, que el proceso hubiese alcanzado su fin si se le hubieran concedido algunas singularidades a estas dos comunidades, incluso sin la cantidad de competencias que manejan en la actualidad.

Para Ferraro, no cabe duda de que un proceso de independencia perjudicaría también en lo económico: "Cataluña supone el 20% del PIB español; si se van, dejaremos de ser el país que somos, seremos una cuarta quinta parte de lo que somos y, claro, las transferencias de Cataluña no llegarían a Andalucía, y se nos olvida, pero uno de cada 10 euros que tenemos en el bolsillo procede del resto de España, no sólo de Cataluña, pero también de allí". "Y ese euro de cada diez, algo más del 9%, que supone las transferencias a Andalucía sirven para compensar los gastos que ingresos que no generamos", explica.

Ferraro, contrario a la independencia catalana, mantiene que si un día llega, "habrá que ser civilizados, no quiero que se vayan, pero se pueden ir". "Ahora bien -sigue-, estamos generando un debate ridículo, con que si la Constitución impediría la consulta y otros aspectos legalistas, y hay que ser más claros: hay que explicarles que no estarán en la Unión Europea, que no tendrán como moneda al euro, que durante años nadie en España les comprará sus productos y que volverán las fronteras".

Otro economista, sin embargo, Joaquín Aurioles, profesor de la Universidad de Málaga, admite que la independencia de Cataluña no le quita el sueño.

Primero, porque duda de que, en el contexto europeo, pueda nacer un Estado y, en segundo término, y más sorprendente, porque no cree que sea "una catástrofe" en términos económicos. "Habría un empobrecimiento estadístico, pero también hay que entender qué le ocurría a los catalanes. La hegemonía catalana se ha basado en que gozaban de un mercado único español. Sólo hay que mirar su balanza comercial. En este sentido, la independencia sería perjudicial para ellos y, en su ausencia, España podría buscar otros proveedores más eficientes para sustituirlos".

Para Aurioles, la respuesta a Cataluña se debe encontrar en un modelo federal de país, pero que no suponga ningún ventajismo fiscal ni salidas como la ordinalidad. Si no es así, este economista mantiene que "es preferible un portazo" porque, en su opinión, España se viene plegando desde hace décadas a los "órdagos" nacionalistas que encuentran el campo abonado en unas relaciones bilaterales. Y es que, en efecto, aunque cada Gobierno negocia con las comunidades autónomas en los consejos de política fiscal, lo cierto es que, previamente, se suele pactar con las más levantiscas.