La negociación entre la Junta de Andalucía y los sindicatos para aminorar el impacto de los ajustes en los empleados públicos concluyó ayer sin acuerdo, como se preveía, aunque con novedades con respecto al plan antes de su aplazamiento. Tras más de tres horas de reunión en la Mesa General de la Función Pública, reunida por segunda vez esta semana, la Junta y los sindicatos presentes (CCOO, UGT y CSIF) acordaron que del importe total de 777 millones incluidos en el plan de ajuste se salven entre 30 y 40 millones (un 5%).

Esa cantidad se intentará ingresar de los alquileres de las sedes administrativas. El margen era muy estrecho, ya que el plan está aprobado por el Gobierno, que amenazó con dejar de pagar a la Junta si modificaba lo pactado.

El detalle se conocerá cuando la Junta apruebe el decreto ley en un próximo Consejo de Gobierno a celebrar este mes, pero en principio se mantendrá que ningún empleado público cobre menos de mil euros a jornada completa, la reducción de jornada y retribuciones de los interinos será finalmente del 10% y no del 15% y los sueldos de los altos cargos se reducirán en un 7,5%, un 2,5% más de lo inicialmente previsto.

Además, la paga adicional no desaparecerá por completo (se mantiene el concepto de paga adicional o equivalente en un importe del 1%) para poder recuperarla de forma "más fácil" cuando cambien las circunstancias económicas, dijo la consejera.

Otro gesto de buena voluntad por parte de la Administración andaluza, para calmar el enojo de unas centrales sindicales que han movilizado de nuevo a los empleados públicos, pasa por un compromiso de reversibilidad de estas medidas, que son de aplicación en principio hasta finales de 2013, condicionado a una mejora de la economía. Literalmente, "siempre que los ingresos de la comunidad recobren una senda de normalidad y que la reducción del déficit publico estructural y la minoración de la deuda publica posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la comunidad".

Hasta entonces los más de 270.000 empleados públicos de la Junta sufrirán una merma en sus ingresos en una media del 5%, siendo los interinos los peor parados con una reducción de jornada del 10%. La Administración andaluza responsabiliza de estas medidas al Gobierno de la Nación, que ha aumentado la jornada laboral de 35 a 37,5 horas, y cifra en más de 24.000 los despidos a los que se vería abocada si no toma esta alternativa.

Los sindicatos, en un clima de cordialidad distinto al del pasado martes cuando se levantaron de la mesa de negociación, reconocieron el esfuerzo de la Junta, pese a que no firmaron el acuerdo por considerar "insuficiente" la cantidad salvada. Expresaron su intención de mejorar el decreto ley durante su trámite parlamentario y de mantener las distintas movilizaciones contra los recortes.

José Blanco, de CCOO, subrayó que la Junta debería insistir en buscar la "eficacia y la eficiencia" sin recortar los salarios ni el empleo público. Antonio Tirado, de UGT, consideró que el planteamiento de la Junta "supone una merma del número de trabajadores" porque incluyen la no reposición de los empleados públicos que cesen por jubilación o cualquier otro motivo. José Luis Heredia, de CSIF, criticó la postura "monolítica" a pesar de las "buenas intenciones" expresadas.