La Consejería de Salud está buscando una herramienta normativa que permita incentivar directamente a los investigadores implicados en el desarrollo de patentes, sin descartar, entre las fórmulas posibles, la participación en los retornos de su comercialización. La idea fue esbozada ayer por Gustavo Fúster, director de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en una jornada divulgativa sobre esta materia de la Fundación Progreso y Salud.

La herramienta jurídica en la que está pensando la Administración sanitaria es un decreto, que podría ver la luz a lo largo del año próximo, antes del final de la presente legislatura.

Como explicó a su vez José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, que también participó en esta jornada junto a otros expertos, como Fátima Sánchez, asesora jurídica de la Fundación, el discurso que hoy defiende la Administración andaluza en este ámbito está marcado no tanto por la inmediatez -de la que se han constatado algunos ejemplos notorios en el pasado- como por el medio y el largo plazo.

Los investigadores del sistema sanitario público andaluz registraron ocho patentes hasta 2007, 14 en 2008 y 34 el año pasado; la previsión de 2010 es de 68. Muy probablemente, si se ponen en relación esos números con la lista de personas inscritas en los grupos de investigaciónfinanciados por la Junta y el presupuesto que manejan, resulte que obtener esas patentes sale muy caro. Se trata de reequilibrar, por arriba, la situación, en un camino sin vuelta atrás.

Renegar del que inventen ellos no es sólo una cuestión de patriotismo científico; es una necesidad. Javier Márquez, director de la Unidad de Gestión Clínica de Neurocirugía del Hospital Virgen del Rocío -el equipo que hizo posible la primera cirguía fetal de espina bífida de Europa, en 2007-, aportó ayer en su intertención en esta jornada un argumento difícilmente discutible: Andalucía podría seguir viviendo del turismo, de su buen clima, mientras la investigación, el desarrollo y la innovación se siguiesen produciendo en otros ámbitos. Bastaría aplicar aquí esos descubrimientos que han hecho otros. Si fuesen gratis. Pero es que no lo son: la sanidad pública andaluza se gasta cada año ingentes cantidades de dinero en aplicar, previo pago, innovaciones tecnológicas que han venido de fuera, desde un medicamento a un aparato quirúrgico. Se trata de dar el salto desde el consumo de conocimiento hacia su generación y explotación.

34