Aunque el Gobierno andaluz asegura que son "inamovibles" los 777 millones del plan de ajuste que afectan salarialmente a los empleados públicos, IU cree que hay margen de maniobra para reducir el impacto en este colectivo detrayendo entre 30 y 40 millones del capítulo uno del Presupuesto andaluz.

Los beneficiarios serían los funcionarios mileuristas -unos ocho millones de euros-, a quienes no se les tocaría la nómina, mientras a los interinos se les restaría sólo un 10%, en lugar del 15% que está previsto -entre 20 y 30 millones-. La solución para que esta cantidad no descompense la cifra global del plan de ajuste pasa por que se recorte de los capítulos 2 (gasto en bienes y servicios) y 4 (transferencias corrientes), que contienen las subvenciones a las agencias públicas.

Esta propuesta tendría dos fases. Si no se recogiera en la aprobación del decreto ley en el Consejo de Gobierno del próximo martes se intentará en la tramitación como proyecto de ley que se resolverá en el Parlamento en julio. En la coalición de izquierdas, socio de gobierno, están "empeñados" en intervenir en su contenido y están convencidos de que habrá un nuevo documento con "importantes cambios", anunció ayer el portavoz del Grupo Parlamentario de IU, José Antonio Castro. La coalición pretende introducir además el compromiso de que no haya privatizaciones ni destrucción de empleo y la inclusión de una cláusula de reversibilidad, bien como disposición adicional o final de la futura norma, en la que se refleje que una vez superada esta coyuntura económica se restablezcan los derechos salariales.

El anticipo de estas medidas por parte de IU puede ayudar a rebajar el nivel de tensión que hay entre los sindicatos y el Ejecutivo autonómico, que tienen prevista para mañana una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública, después del fracaso del encuentro del pasado martes.

Sobre la factura interna que pueda estar pasando a IU este plan de ajuste, después de que dos comités provinciales, Sevilla y Córdoba, han solicitado el rechazo en el Parlamento, desde la dirección regional se le quita hierro. No se entiende que se opongan a un decreto cuyo contenido final aún se desconoce y, por tanto, es una postura con "pies de barro", y lo achacan a su coincidencia con el proceso de nombramientos de altos cargos en la estructura de la Junta y que puede haber levantado ampollas.

La aportación de IU tratará de solventar la difícil papeleta en la que se encuentra la Junta, que tiene la oposición frontal de todos los sindicatos a los recortes de 777 millones en los sueldos de los empleados públicos como principal medida del plan de ajuste. Tras dar a conocer a primera hora que habrá una nueva oportunidad mañana en la negociación con los sindicatos, que ayer anunciaron más acciones de protesta, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, compareció en el Parlamento y aseguró que "no dejará de intentar alcanzar un acuerdo, el mayor acuerdo sindical posible" sobre las medidas de reducción salarial en el plan de ajuste, aunque advirtió que cumplirá con las obligaciones derivadas de lo acordado en Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que exigen para la comunidad una reducción del déficit al 1,5%. "Por difícil que sea, lo vamos a intentar", dijo Aguayo.

La consejera volvió a responsabilizar al Gobierno de la Nación de que se hayan emprendido estos ajustes al aumentar la jornada lectiva a 37,5 horas semanales y reiteró que la alternativa hubiese sido el despido de más de 24.000 empleados públicos a jornada completa. Empleados de la sanidad pública se manifestaron a las puertas del Parlamento contrarios a que el peso del ajuste recaiga en sus salarios.

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