Las irregularidades que arrastra el pantano de Santa María, entre las que destaca por encima de todas el obligatorio visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, podrían conducir al Ayuntamiento de Pozoblanco a la quiebra económica. Este organismo dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha le ha exigido al Consistorio que pague 3,4 millones de euros por el daño que el embalse ha causado al "dominio público" desde que se construyó en 1992. A esta importante cifra -imposible de afrontar para la institución municipal- se le sumaría además una sanción que oscila entre 300.000 y 600.000 euros y una orden de desagüe del pantano que ha de hacerse en un plazo máximo de diez días.

Así lo explicó ayer a El Día el primer teniente de alcalde, Emiliano Pozuelo, al analizar un Pleno en el que también cobró protagonismo  la polémica alineación del Paseo Marcos Redondo. De hecho, ambos asuntos tienen más en común de lo que puede parecer a simple vista. Sacar a la luz pública esta sustanciosa multa es el arma de la que se ha valido la coalición formada por el PP y el PA para contrarrestar las fuertes críticas del PSOE en el citado capítulo de la alineación.

El Ayuntamiento reconoce que no tiene ni liquidez suficiente para abonar los 3,4 millones de euros que le exige la Confederación ni argumentos de peso para defender la legalidad del microembalse de Santa María. Ni siquiera puede afrontar con garantías la sanción de hasta 600.000 euros. Sobre el apartado económico, Pozuelo fue tajante al señalar "resulta imposible pagar lo que nos piden y menos aún en un momento como en el que se encuentra tanto éste como el resto de ayuntamientos españoles". En relación a sus irregularidades, el concejal explicó que los únicos documentos que el Consistorio pozoalbense puede aportar a la Confederación son el proyecto que en su día firmó el ingeniero y la aprobación del Pleno municipal. "A partir de ahí no hay nada más, ni autorización ni concesión por parte de la Confederación", matizó el edil del PA.

Al margen de la falta de un documento que acredite que la Confederación dio luz verde a la obra, la falta de un informe de impacto medioambiental es, para el concejal, la clave que puede agravar la ya delicada situación que atraviesan las arcas municipales. Pozuelo detalló que el organismo público manchego ha evaluado en 3,4 millones de euros los daños causados en el entorno, si bien no se especifica nada más en este sentido. La afección al cauce del río y la arboleda dañada podrían ser algunos de los factores que han engordado la sanción hasta el punto de hacerla millonaria.

Conscientes de que esta multa "simplemente no se podrá pagar", lo que más preocupa en el Consistorio es el desagüe del Santa María, sobre todo en un año de tantas lluvias que ha hecho que este embalse se encuentre en unos niveles histórico. "El nivel que tiene es exquisito", puntualizó el edil al valorar una multa que llegó ayer mismo a las dependencias municipales y que obliga al Gobierno local a realizar una maniobra política rápida.

La coalición no ha querido que pase más tiempo y y ha solicitado una reunión con los representantes de la Confederación del Guadiana para aclarar la situación e intentar minimizar los efectos negativos en la medida de lo posible. El primer objetivo que se han marcado los ediles del PP y el PA consiste en tratar de frenar la orden de desagüe del pantano de Santa Marina. En segundo término figura la negociación de la parcela económica, unas reuniones en las que pretenden dejar claro que el Consistorio carece de fondos para pagar la sanción.

El microembalse de Santa María fue construido a principios de la década de los 90 para el riego tanto del campo de golf como de los parques y jardines de esta zona situada en Los Pedroches. El alcalde era entonces el socialista Antonio Fernández, hoy delegado de Empleo. En la actualidad, el pantano pozoalbense se utiliza para la práctica de pesca deportiva y como espacio de ocio en general.