Los seis secretarios e interventores interrogados como testigos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla en relación a la imputación del alcalde de La Rambla, Juan Jiménez (IU), por presunta prevaricación administrativa son unánimes al asegurar ante el juez que apreciaron irregularidades en la contratación de personal y que, de no ser por los decretos firmados por el propio regidor, no habrían autorizado el pago de las nóminas.

El juez investiga la formalización de varios contratos presuntamente irregulares entre los meses de diciembre del 2011 y octubre del 2012, a los que el alcalde habría dado el visto bueno con los reparos de la Intervención municipal. El PSOE llevó el caso ante el juez, que mantiene abierto un procedimiento en el que recientemente han testificado seis funcionarios que en el periodo analizado actuaron como secretarios e interventores.

Una de los primeras funcionarias en advertir las irregularidades consideró "lógico" que hubiera "desorden en la contratación" el primer o segundo mes, pero no tras "siete informes" de reparo. La interventora advirtió, además, de que la situación no era nueva, pues cuando se incorporó al Consistorio rambleño "ya era así". Narró, además, que cuando realizó su primer informe acudió al despacho del alcalde para informarlo y le explicó que tales reparos suspendían la tramitación de los expedientes y el pago de las nóminas. El único procedimiento a seguir para levantar la suspensión sería la resolución de la discrepancia por parte del alcalde, según recoge la Ley de Haciendas Locales, lo que hizo Jiménez campos.

La funcionaria, según el testimonio al que ha tenido acceso El Día, aseguró que sin los decretos de la Alcaldía no habría pagado las nóminas e informó de que los contratos no sólo se hacían para puestos estructurales de la Administración local, sino también para cargos "eventuales", como por ejemplo un técnico electricista para la Navidad. Aclaró, además, que según su opinión aquellos contratos no respondían a casos de urgente necesidad.

Las cinco declaraciones restantes apuntan todas a la misma dirección. La interventora rambleña entre mayo de 2005 y diciembre de 2014 insistió en que "no se respetaron los principios constitucionales para la contratación" y dijo desconocer si se presentaba oferta pública al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), aunque en todo caso "no vio esa documentación".

La secretaria municipal entre 2010 y 2012 también fue contundente en su declaración. Preguntada sobre si el alcalde se vio abocado a levantar los reparos dadas las circunstancias en las que se encontraba el Ayuntamiento, aseguró que no y que, en todo caso, "se debían de haber respetado los criterios establecidos por la Ley". "A pesar de tratarse de servicios esenciales, se deben cumplir los principios establecidos y quizás con un poco de previsión y antelación se podría haber satisfecho la prestación", consideró la funcionaria.

Otro de los testigos interrogado es una administrativa con 30 años de experiencia en el Ayuntamiento rambleño que puntualmente ejercía como secretaria en los días de asuntos propios y vacaciones del titular. La funcionaria aseguró que "tenía conocimiento de las irregularidades" por la labor que desempeñaba, ya que ocasionalmente había firmado los decretos que contenían los informes de reparo. De estos documentos, "tenía también conocimiento el alcalde dado que lo firmaba antes que el secretario". La secretaria que ejerció entre verano de 2012 y diciembre de 2013 declaró en el mismo sentido.