Los cuatro grupos con representación en el Pleno de la Diputación (PP, PSOE, IU y Unión Cordobesa) se pusieron ayer de acuerdo para reclamar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que pongan en marcha planes de inversión en los municipios -similares a los FEIL o Feels ya desarrollados anteriormente por el Estado y el Proteja por parte de la Administración autonómica- orientados para que los ayuntamientos "aprovechen estas inversiones e infraestructuras y se generen dinámicas a corto, medio y largo plazo para las economías locales con el objetivo de reactivar la economía y generar empleo", señala la moción. El texto añade que "de esta forma, y en un momento en el que se cuenta con un elevado número de personas paradas, se podrán realizar infraestructuras que ayuden a los agentes económicos a generar riqueza". La propuesta inicial partió de Izquierda Unida, que en su exposición de motivos señala que los FEIL y el Proteja no sólo han supuesto la construcción de equipamientos en los municipios, sino que además generaron empleo.

El portavoz de IU, Francisco Martínez, agradeció el apoyo de los partidos a esta moción, pese a las modificaciones posteriores incluidas, si bien lamentó que el PP hubiera rechazado esa misma moción en el Ayuntamiento de Córdoba, lo que a su juicio revela que el grupo de los populares en el Consistorio de la capital "no viven en la realidad de la calle". Según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, los planes Feels ha proporcionado un empleo en los dos últimos años a 12.305 personas en Córdoba y han supuesto una inversión de 226,7 millones de euros. Mientras, el Proteja generó en la provincia más de 2.500 empleos con un gasto de 44 millones, según los datos de la Delegación del Gobierno de la Junta.

Esa no fue la única propuesta aprobada por unanimidad en la sesión de ayer, puesto que también salió adelante una moción impulsada por Unión Cordobesa para la implantación de huertos municipales comunitarios, unos espacios que permitirían el cultivo de forma individual o colectiva de productos hortofrutícolas mediante prácticas ecológicas en estos huertos. Así, la institución municipal prestará apoyo técnico y jurídico a los ayuntamientos que lo soliciten para poner en marcha este tipo de proyectos y firmará convenios de colaboración, patrocinio y mecenazgo.

El equipo de gobierno del PP presentó también una reforma de parte del articulado del reglamento de Participación Ciudadana, una propuesta que defendió la diputada popular Rocío Soriano, quien con el fin de que "sea mucho más eficaz jurídicamente". Soriano expuso que se han encontrado diversas irregularidades jurídicas en el citado texto normativo "que vienen a contravenir otras normas de rango superior como el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico y la Ley de Bases".

Asimismo, dijo que se trata de una modificación "estrictamente jurídica que pretende limpiar de farragosidad los procedimientos de la administración, para reinventarla y hacerla más ágil". Sin embargo, los tres grupos de la oposición señalaron en que el cambio podría haberse afrontado más tarde y con mayor profundidad. Finalmente, Unión Cordobesa dio su apoyo a la reforma, mientras que PSOE e IU votaron en contra.

De otro lado, salió adelante la aprobación del texto definitivo de la ordenanza reguladora de fomento y colaboración de la Diputación con los ayuntamientos, de manera que se incluye en el texto a las seis entidades locales autónomas, "a las que damos el mismo tratamiento" que a los consistorios, precisó el portavoz del equipo de gobierno provincial, Andrés Lorite.