La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha absuelto a un vecino de Pozoblanco -A. M. G.- a quien la Fiscalía consideraba cabecilla de una red de traficantes y pese a la existencia de "sospechas vehementes" de su actividad delictiva, pues, según el tribunal, todos los intentos de la Guardia Civil para pillarlo in fraganti fueron infructuosos. La Audiencia condena al segundo implicado -J. F. R. C.- a cuatro años y seis meses de prisión.

El tribunal se muestra convencido de que A. M. C. "era quien manejaba la situación, compraba la sustancia y ordenaba al coimputado su transporte", pero en cambio lo exime de responsabilidad por falta de pruebas directas. La sentencia certifica que el 12 de octubre, supuestamente, el procesado fue llevado en automóvil hasta la localidad de Puertollano, y desde allí se trasladó en tren a Madrid. En la estación de Atocha fue recogido por una tercera persona, que lo trasladó hasta el poblado del Salobral, uno de los principales puntos calientes de venta de droga en la capital. Pero los agentes lo perdieron de vista y el seguimiento se interrumpió, lamenta la resolución.

El tribunal también contaba con numerosas grabaciones telefónicas en las que el presunto traficante mantenía conversaciones "de carácter críptico", otro posible indicio de actividad delictiva. En estas charlas, A. M. C. se refería a la compraventa de animales, y la Audiencia concluye que el hecho de que su actividad principal conocida sea la ganadería "hace dudar de que estas palabras puedan ser la base para fundamentar una sentencia condenatoria".

El tribunal considera probado que sobre las 20:00 del 18 de octubre de 2006 el acusado J. F. R. C. fue sorprendido cuando circulaba al volante de un vehículo Volkwagen con tres paquetes de droga con un peso cada uno de ellos de un kilogramo. El alijo iba escondido en el panel lateral trasero izquierdo del coche. La sustancia intervenida habría alcanzado un valor de más de 75.000 euros en el mercado ilícito; el encartado llevaba, además, más de 11.000 euros en efectivo. La Audiencia lo condena a cuatro años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Durante el juicio, las defensas alegaron la violación del derecho al secreto de las comunicaciones y denunciaron que no existió control efectivo de las transcripciones efectuadas por los agentes ni hubo control judicial de la droga, elementos que rechaza el tribunal.