La Junta de Andalucía dejará fuera de los concursos de suelo para la construcción de vivienda de protección oficial derivados del Pacto por la Vivienda a un buen número de sociedades mercantiles y gestoras de cooperativas que, sencillamente, no podrán presentar oferta. Nada más firmarse el gran acuerdo marco del Gobierno andaluz, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía sacó al mercado un paquete de terrenos en todas las provincias con el objetivo de visualizar la apuesta de la Administración autonómica, que pretende incrementar la fabricación de VPO con el objetivo de intervenir en el mercado de la vivienda.

Los primeros pliegos de condiciones, en los que se establecen las condiciones de venta, incluyen una cláusula que selecciona a las empresas con derecho a realizar una oferta. Así, los documentos oficiales aseguran que sólo podrán optar a estos terrenos las personas físicas o jurídicas que acrediten una experiencia de diez años como promotor de viviendas. Sólo esa cláusula deja fuera de juego a docenas de empresas en la provincia de Córdoba y cientos en el conjunto de la comunidad autónoma.

Durante los últimos diez años, se ha producido un fuerte impulso en la creación de sociedades mercantiles dedicadas a la promoción de viviendas aprovechando el ciclo alto de la actividad inmobiliaria. El sector se ha engrosado con empresas de todo signo, como propietarios de suelo que pretendían exprimir las plusvalías de su patrimonio o sociedades dedicadas inicialmente a algún oficio concreto de la construcción que daban el salto a la promoción de viviendas.

Además de una experiencia previa, los pliegos de condiciones de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía requieren a las empresas que hayan construido una serie de viviendas determinadas de forma que su solvencia quede constrastada. En concreto, la Junta reclama a las empresas que demuestren que han levantado el triple de las viviendas que figuren en el solar al que aspiren. Así, si la pieza de terreno a la que optan permite la creación de cien viviendas, deben haber levantado, al menos, 300. Hay que precisar que la mayor parte de las empresas del sector realizan pequeñas promociones y que sólo un reducido grupo de sociedades mercantiles tiene acceso a las grandes actuaciones.

Otras instituciones, como el Ayuntamiento, que realizan ventas de suelo de forma tan usual como la Junta, requieren a los ofertantes a que demuestren su solvencia técnica y empresarial. En ningún caso se han incluido este tipo de elementos para el desarrollo de los solares que habitualmente pone en el mercado el Consistorio sino que las empresas entregan un informe con sus datos económicos y técnicos. Esta cláusula tampoco se ha aplicado en los primeros concursos de adjudicación de terrenos del Pacto Local por la Vivienda, que pretende poner en el mercado suelo para 2.000 viviendas.

En toda Andalucía, la Junta tiene abierto un proceso de venta de solares para construir 7.000 viviendas. Actualmente, en la capital cordobesa hay cuatro lotes de terrenos en concurso en el plan parcial de Huerta de Santa Isabel, que está pendiente de urbanización por lo que su edificación se realizará a medio plazo. En total suman más de 400 viviendas de distintos regímenes: desde el régimen general de venta hasta los distintas modalidades de alquiler protegido que establece la legislación. Además, existe un procedimiento abierto en Lucena y Cabra para distintas unidades de actuación también en proceso de urbanización.