La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO recalcó ayer la necesidad de adelantar la edad de jubilación de los policías locales y exigió al Gobierno en funciones que adecue la normativa para que se pueda aplicar en este colectivo a partir de los 60 años.

El sindicato estimó que el retiro anticipado permitiría "elevar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio, mejorar sus condiciones de salud e higiene", así como "rejuvenecer las plantillas y aumentar la oferta de empleo público para dar nuevas oportunidades a los jóvenes".

Según el análisis de la central sindical, la media de permanencia en el servicio de las fuerzas de seguridad en municipios pequeños es de 40 años, mientras que en los grandes es 30, indicó el secretario general de la citada federación en Córdoba, Luis Mena, quien apuntó que la edad media de la plantilla de agentes de las policías locales de la provincia se encuentra entre los 45 y los 53 años y el 40% de ellos sufrieron patologías relacionadas con la tensión, como problemas de estrés o depresión derivados de la "actividad penosa, tóxica o peligrosa que realizan" y que "provoca elevados índices de morbilidad". Por ello, CCOO instó al Gobierno a que se reconozca "que la peligrosidad y violencia de las funciones policiales provocan un estrés continúo en los agentes". Así pues, Mena señaló que "la ciudadanía cordobesa merece un servicio público eficaz y eficiente y esto sólo es posible mediante funcionarios en perfectas condiciones y en plenitud de facultades psicofísicas que, obviamente, se van perdiendo con la edad".

Además, recordó, el adelanto de la jubilación está reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público -que regula los derechos de todos los trabajadores públicos- y, por ello, "debería negociarse la edad idónea para jubilarse", aunque consideró que debería acercarse a la establecida para otros cuerpos de seguridad, que abarca desde los 59 a los 63 años, dependiendo del tiempo de cotización en la profesión en cuestión.

Por último, el responsable sindical apuntó que esta reducción supondría "una medida solidaria con el resto de trabajadores y trabajadoras y contribuiría a la financiación de las haciendas autonómicas y locales".