El Ayuntamiento de Córdoba -una entidad que está realizando despidos como consecuencia de los ajustes presupuestarios- está pagando 5.000 euros al mes en números redondos por un local comercial que no tiene uso y que es más, jamás ha sido utilizado desde que se rubricó el contrato mercantil con la propiedad -la inmobiliaria de la familia Piedra, Injupisa- en el año 2009. Desde ese momento, el Consistorio nunca ha encontrado recursos para dotar de actividad este local, que supera los 600 metros cuadrados y se encuentra en la calle Libertador Juan Rafael de Mora, en el barrio del Guadalquivir.

Según consta en el expediente municipal, el último gasto anual computado por el arrendamiento de este espacio supuso a las arcas municipales un principal, en doce entregas, de 58.186,08 euros más 1.396,56 euros de gastos generales producidos por la contratación, que se produjo en el tramo final del anterior gobierno municipal por el departamento de Gestión (que entonces llevaba la actual parlamentaria de IU Alba Doblas) a instancia de la entonces responsable de Presidencia, Rosa Candelario (IU), que fue quien firmó el escrito que puso en marcha su creación.

La pregunta fundamental que se realizan los colectivos de la zona es por qué nunca se le dio vida a un local que el Consistorio estaba pagando, y a qué precio, al menos mientras estuviera vivo el contrato. Según el Ayuntamiento, una vez realizado el contrato de arrendamiento los servicios municipales cayeron en la cuenta de lo que costaba poner en marcha una actividad teniendo en cuenta el presupuesto necesario para realizar unas obras en el espacio, amueblarlo y dotarlo de unos servicios básicos garantizados. Eso ocurrió con el anterior gobierno municipal. El actual ha mantenido el pago y el local vacío tras estudiar las obligaciones establecidas por la ley de arrendamientos urbanos. Según el estudio realizado en su momento, interrumpir el contrato hubiera derivado en el pago o del total del restante (unos 60.000 euros al año hasta 2019) o, en su caso, un mínimo de cinco años completos, lo que vienen a ser, redondeando, unos 300.000 euros. El contrato establece un incremento anual de IPC (que en el último ejercicio no se ha producido) más un aumento del 5% de la renta en los años quinto y décimo de duración del contrato.

En su origen, el local comercial estaba previsto como un espacio para los colectivos y asociaciones de la zona. En su día, estas entidades -el distrito sur es conocido por la vida asociativa que siempre le ha caracterizado- utilizaban las instalaciones de la antigua escuela de Magisterio, conocida como la Normal, donde se ubicaba una casa ciudadana. Los colectivos fueron desalojados para la elaboración del proyecto del Urban Sur que tiene como obra estrella la conversión de estas instalaciones en un lugar para la promoción de las industrias culturales. El gobierno municipal de ese momento optó por alquilar un espacio para evitar que los colectivos se quedaran sin un techo aunque aquello nunca llegó a prosperar, como se ha dicho, por el coste que le suponía a las arcas municipales. Como curiosidad, la antigua casa ciudadana no le costaba nada al Consistorio ya que cada colectivo alojada en ella pagaba una cuota para hacerse cargo de los servicios comunes.

El actual gobierno municipal reconoce la chapuza realizada en su momento y asegura estar trabajando en una solución. El propietario del local ya ha descartado romper el contrato por voluntad propia en las negociaciones realizadas en su día al entender que tiene perfecto derecho a que se cumplan las obligaciones pactadas en su día.

Los colectivos de la zona reconocen su estupefacción, sobre todo, porque una alternativa es utilizar el espacio, al menos, mientras esté vivo el contrato que obliga a pagar unas cantidades tan altas. En realidad, las asociaciones de la zona han pedido en reiteradas ocasiones el uso del colegio Rey Heredia, desalojado por la Junta, porque allí no serían necesarias unas obras de adaptación. Aseguran que muchos colectivos están guardando sus pertenencias en locales privados e incluso hay entidades que no pueden correr con los gastos que les supone un alquiler. Afirman que el Consistorio nunca ha estado dispuesto a gastar un euro añadido en el espacio teniendo en cuenta lo que vale el alquiler y que dentro de pocos años se tendrá que devolver con las mejoras realizadas. Y el actual gobierno municipal lo confirma. Si alguien lo quiere, estupendo, pero no puede suponer un gasto mayor del que ya ha supuesto. El espacio fue robado recientemente y el equipo municipal asegura estar buscando una entidad que se haga cargo del mismo cubriendo los gastos o alguien que se haga cargo del contrato de alquiler.