El Sindicato de Enfermería (Satse) y el CSIF denunciaron ayer la "privatización" de actividad y servicios públicos en todos los centros sanitarios de la provincia salvo los que gestiona la empresa pública del Alto Guadalquivir, los de Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo. Estos colectivos detallaron a través de un comunicado que esta medida se ha materializado a través de la constitución de la Plataforma Provincial de Compras y que, aunque la privatización de parte de los servicios y la actividad pública que critican "se hizo efectiva" el pasado noviembre, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya puso en marcha esta fórmula de gestión en el Hospital Reina Sofía y en el Distrito Guadalquivir "hace más de un año".

La plataforma a la que ha recurrido el SAS se ocupará, según los datos ofrecidos por el Satse y el CSIF, de numerosas gestiones que hasta ahora ha asumido el hospital o el distrito sanitario de manera autónoma. Entre las actividades que el SAS ha traspasado a la citada entidad destacan aquéllos relacionados con la contratación administrativa, las compras, el almacén de productos y materiales, la distribución de medicamentos y productos, así como la contabilidad del gasto. Aparte de los hospitales de Córdoba, Cabra y Pozoblanco, la plataforma estará presente en los distritos sanitarios de la provincia y el Centro Regional de Transfusión Sanguínea.

Los productos y servicios afectados por los cambios introducidos por el SAS son los medicamentos, la ropa y la lavandería, la limpieza, la cocina, los productos sanitarios y no sanitarios, la seguridad, el mantenimiento de las instalaciones, las infraestructuras, los arrendamientos, la esterilización y la electromedicina, entre otros capítulos. El documento que firman el Satse y el CSIF precisa que existe "una gran interrogante al ahorro" que ha llevado al SAS a desarrollar esta iniciativa.

Los colectivos sindicales continuaron que esta entidad de gestión , "configura su propio presupuesto con la partida que ha absorbido del conjunto de centros sanitarios de la provincia en los capítulo II y IV, ascendiendo a más de 200 millones de euros". Apuntaron que la plataforma dispone de 116 trabajadores, de los que 80 pertenecen de manera directa a la misma y 36 quedan en los distintos centros sanitarios como referentes de la entidad con el centro correspondiente.

Desde el SAS aseguraron que la decisión denunciada por los sindicatos "se enmarca dentro de un proceso de búsqueda de la eficiencia de escala en la logística integral desarrollado por el SAS". El comunicado remitido por el ente público, que en ningún momento niega que se haya producido una privatización de servicios y actividades en la provincia, matiza que el objetivo que persigue esta medida es "coordinar el proceso de contratación administrativa, las compras, la logística de servicio y la facturación".

Al justificar el traspaso de servicios a la plataforma, el comunicado del SAS señala que se trata de homogeneizar las necesidades de los centros, optimizar sus consumos y posibilitar la obtención de las condiciones de compra más favorables en orden a lograr la máxima eficiencia del gasto público". Finalmente, al SAS no le parece lógico que desde el Satse y el CSIF se critique como "un despropósito un modelo que centra los márgenes de eficacia en las compras de productos y servicios sanitarios sin afectar a la contratación de los profesionales, mientras que la política sanitaria de otras comunidades autónomas sí que está mermando la contratación y los salarios de los profesionales".

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