El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Tejada, eludió ayer pronunciarse sobre el caso de las dos personas imputadas por el juez en el caso de las facturas, pese a que formaba parte del gobierno municipal en 2010 cuando sucedieron los hechos y su partido disfrutaba de la Alcaldía. "No conozco en profundidad el tema", señaló de forma lacónica al ser preguntado sobre los hechos.

El Juzgado de Instrucción número 1 ha imputado de momento a dos personas por un presunto delito de falsedad documental y otro contra la Hacienda pública. Uno es un funcionario municipal y el otro es un empresario relacionado con los trabajos de limpieza contratados por el Ayuntamiento. Además de eludir dar su opinión sobre el asunto, Tejada defendió la actuación del Consistorio en las labores desarrolladas en las parcelaciones que se vieron afectadas por las crecidas del Guadalquivir. "Todos fuimos testigos", dijo, "del tiempo en que se estuvo limpiando esa zona del río y fue bastante la cantidad de metros cúbicos de lodo que fueron retirados" de las calles y viviendas afectadas por la riada. El portavoz de Izquierda Unida explicó que hubo viviendas en las que el barro llegó a alcanzar el metro y medio de altura, y que fue retirado por los efectivos contratados por el Ayuntamiento.

Más escueta aún fue la concejala socialista Inmaculada Durán, quien se limitó a señalar que no hacía comentarios porque el asunto "está en manos de la justicia". Añadió que "la investigación tiene que seguir su curso y cuando haya una sentencia se opinará" al respecto.

Este caso, en el que no está personado de momento el Ayuntamiento, se inició cuando tanto la Intervención del Consistorio como la del Estado detectaron unas irregularidades tanto en las facturas como en la justificación de los trabajos, por lo que informaron de los hechos a la Fiscalía. Estos hechos salieron a la luz pública en uno de los últimos plenos de la anterior corporación. La sesión debatía un expediente de reconocimiento de facturas sin crédito por importa de 1,2 millones de euros cuando el entonces edil de la oposición José María Bellido -hoy teniente de alcalde de Hacienda- esgrimió que el caso había sido puesto en cuestión por el interventor del Estado y que afectaba a un paquete de facturas por 750.000 euros. Izquierda Unida defendió la legalidad de la actuación del gobierno municipal en la limpieza de la riada y señaló en reiteradas ocasiones que los problemas surgidos tenían su origen a la forma en que se trabajó, por ser una situación excepcional.