El último problema político grave que se produjo en la anterior corporación municipal -la justificación de las facturas de la última limpieza de los márgenes del Guadalquivir tras las riadas- se ha sustanciado en la imputación de dos personas en el sumario que se instruye en el juzgado de instrucción número uno. La causa de la imputación se fundamenta en la existencia de indicios de sendos presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública, según confirmaron ayer a El Día fuentes del poder judicial. El juzgado ha señalado ya las primeras declaraciones del caso para mediados de mes. La imputación es el estadio inicial de una investigación penal. Permite declarar con asistencia letrada y ejercer el derecho de defensa ante indicios de un delito.

Los imputados en este caso son un empresario relacionado con los trabajos que se efectuaron contratados por el Ayuntamiento y un funcionario municipal que llevó a a cabo el expediente de justificación de las facturas. No consta que el Consistorio se encuentre personado en la causa aunque ésta es una posibilidad que no cabe despreciar. El caso se inició cuando las Intervenciones municipal y del Estado trasladaron al fiscal sendos informes en los que se relatan supuestas irregularidades en el proceso de facturación y justificación de los trabajos realizados. Al empleado municipal se le ha denegado la asistencia letrada desde la Asesoría Jurídica Municipal ante previsibles colisiones de intereses entre la corporación y el trabajador, que ocupó altos cargos de responsabilidad en gobiernos municipales del Partido Popular y de Izquierda Unida. El caso se circunscribe, de momento, a este ámbito. Ninguna persona con funciones políticas durante el anterior gobierno ha sido imputada en esta causa.

El sumario sobre las facturas de la limpieza del río se conoció en uno de los últimos plenos previos anteriores a las elecciones municipales, el celebrado el mes de mayo. El equipo de gobierno montó un reconocimiento de facturas sin crédito para abonar los gastos de limpieza de la riada en distintos puntos del término municipal por valor de 1,2 millones de euros. El Partido Popular -por medio del actual teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido- hizo público un reparo del Interventor del Estado con el que coincidía el servicio municipal de fiscalización sobre un paquete de 750.000 euros. Poco tiempo después de que el anterior gobierno municipal tuviese conocimiento del caso, Intervención del Estado ya había puesto el caso en manos de la Fiscalía (posteriormente, amplió la documentación del caso, ya directamente al juzgado de instrucción). La Intervención municipal remitió a su vez en torno a 700 páginas de documentación con sus principales conclusiones sobre el expediente aseverando que, determinados aspectos, exigían de la realización de informes periciales precisos. El Ministerio Público, en un informe posterior, aseguró que, del examen de los documentos que se le habían presentado, se derivaba la comisión de tres presuntos delitos: fraude en subvenciones, falsedad en documento oficial y contra la Hacienda pública. La imputación sólo se ha realizado por los dos últimos tipos penales.

El gobierno municipal de Izquierda Unida siempre defendió que no había ninguna presunta ilegalidad en este caso. A tener en cuenta fue la reacción del anterior alcalde, Andrés Ocaña, con el edil Bellido cuando éste intervino en el Pleno. Acabada la sesión, se fue hacia el concejal popular y mantuvo con él una tensa conversación. Izquierda Unida siempre mantuvo que todos los problemas derivados de la tramitación de aquel expediente son meramente administrativos y que se debieron a la forma en la que se trabajó. Con escaso presupuesto, menos tiempo y una situación de emergencia real. La riadas de febrero de 2010 generaron, como es sabido, graves daños en zonas de parcelas como Guadalvalle y otros puntos del término municipal.

El Consistorio gastó 1,2 millones de euros en la limpieza de la zona. De aquel dinero, se pagaron unos 400.000 euros a dos empresas contratistas habituales del Consistorio. 750.000 euros fueron paralizados por la Intervención de Hacienda cuando el Ayuntamiento pidió a la Subdelegación del Gobierno que sufragara, por medio de una subvención, el operativo de la limpieza del entorno del Guadalquivir. Ese informe establecía la existencia de "irregularidades" en la tramitación de esas facturas.

Los problemas señalados se corresponden a tres facturas (de 71.000, 167.000 y 508.000 euros) de una pequeña y mediana empresa. Intervención reparó el pago porque una firma de tres empleados llegó a tener entre 14 y 40 máquinas a la vez trabajando en la zona. Se llegaron a investigar incluso las matrículas de esa maquinaria. El Consistorio explicó que, en realidad, esa pequeña empresa había subcontratado los trabajos con otras firmas pero que, para facilitar la gestión, se había optado por una sola factura. Otros reparos se encuentran en que los albaranes se realizaron con posterioridad al desarrollo de las obras de limpieza. Se aseguraba también que no se sabía si el precio que se abonó por esos servicios era el de mercado por lo que se pidieron informes periciales. Esos servicios aún no se han abonado.