Nueva mala noticia para la hacienda municipal. Y esta es de las gordas. El Ministerio de Economía y Hacienda hizo público ayer que el Ayuntamiento de Córdoba tendrá que devolverle 22,8 millones de euros contantes y sonantes como consecuencia de la discrepancia entre el dinero adelantado por el Estado en concepto de la participación de las entidades públicas y el que efectivamente tiene derecho a percibir como consecuencia de aplicar las normas definitivas de reparto de estas cantidades.

La cuestión supone un nuevo roto en las cuentas públicas teniendo en cuenta que es el segundo año consecutivo que al Consistorio le sale a devolver. La liquidación de 2008 fue la primera en la que el Ayuntamiento tuvo un saldo negativo. A partir de este año, tendrá que devolver algo más de siete millones de euros por el dinero adelantado de los distintos conceptos tributarios que, en la liquidación definitiva, presentan un descuadre.

El Consistorio tendrá que empezar a devolver ese dinero el año que viene mediante restas de las cantidades que se libran para la financiación de actividades y que proceden de la recaudación de determinados tributos, como la participación municipal del IRPF, el Impuesto de Actividades Económicas o tributos especiales como los que gravan la cerveza o las labores del tabaco. Las cuentas son bastante simples. El Consistorio tendrá que detraer algo más de seis millones de euros hasta 2016 y cinco millones de euros hasta 2017 para saldar la deuda fiscal que mantiene con el Estado como consencuencia de las liquidaciones de 2008 y 2009. El informe, colgado ayer en la página web del Ministerio de Economía, asegura que la participación definitiva del Estado en las cuentas del Ayuntamiento asciende a unos 47 millones de euros, lo que explica la magnitud del problema.

En realidad, la liquidación negativa es una realidad que afecta a todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En cuanto a éstas, existe una polémica porque el PP ha reclamado una demora superior a la contemplada en la legislación durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el caso de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, a Sevilla le sale a devolver al Estado unos 85 millones de euros; a Málaga, unos 66 millones de euros.

La Diputación de Córdoba sale casi peor que el Ayuntamiento. El leñazo asciende 34 millones de euros que es la cantidad de divergencia entre lo que se le ha ido adelantado y su participación porcentual en la cesta de los tributos del Estado. El vicepresidente económico de la institución, Salvador Fuentes, explica que la cantidad es superior a lo estimado, unos cuatro millones. "El culpable de esta situación es, exclusivamente, el Gobierno central, que realizó las previsiones al alza lo que ahora tendrán que pagar todos los cordobeses", afirma. En el caso de las diputaciones, explica Salvador Fuentes, el sistema es el mismo que los ayuntamientos: detectada la obligación de devolver, se detraen las cantidades automáticamente del dinero que remite mensualmente el Estado que es uno de los pilares clave de las arcas provinciales.

Todos los municipios de la provincia -que al ser de menor tamaño se rigen por el sistema general de financiación local- tendrán que devolver más o menos dinero, lo que en algunos casos es complicado y en otros, verdaderamente problemático. Lucena, por ejemplo, tendrá que devolver 1,4 millones de euros; Palma del Río, algo más de un millón de euros; Puente Genil, unos 919.000 euros, y Pozoblanco, medio millón de euros.