El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) tiene en el punto de mira desde su creación la persecución de los contenidos pornográficos y violentos en horario infantil. Lo ha hecho: ha impuesto sanciones y ha logrado reducir casi a cero su emisión. Sin embargo, su experiencia no ha sabido apreciarla el Gobierno central. Éste ha preferido tener otros interlocutores en la redacción de la nueva Ley Audiovisual, como los propios operadores o asociaciones de padres, antes que a ninguno de los tres consejos del país (andaluz, catalán y navarro). Así que lo que se ha arrogado como un gran éxito, la codificación de todas las películas porno, no lo es tanto. Desde hace tiempo, estos organismos ya lo venían reclamando o aplicando -en Cataluña desde 2005- .

El CAA intentó sin resultados participar en la redacción del proyecto de ley con llamadas sin respuesta a las puertas de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. No todo está perdido, ahora queda la tramitación parlamentaria y no está dispuesto a perder de nuevo la oportunidad. Y no quiere, porque como explica su presidente, Juan Montabes, queda más de un fleco que perfilar en la futura normativa.

Entre las aportaciones andaluces al texto del Gobierno, y siguiendo con la temática pornográfica, el CAA tiene detectado un importante vacío respecto a la publicidad de contactos personales y servicios sexuales a través de mensajes por el teléfono móvil, chats y líneas de tarificación adicional.Y éste debe regularse, porque tan perjudicial es una película como un anuncio.

Otra de las líneas a las que apunta es a la revisión del horario protegido. El CAA propone una ampliación de una hora más, en lugar de la franja de las 6:00 a las 22:00, que sea hasta las 23:00. La razón: el último barómetro elaborado por el consejo demostró que a esa hora, al menos, 270.000 niños andaluces estaban sentados frente a la televisión, con o sin control parental.

Desde su experiencia sancionadora, el CAA también tiene sugerencias. El borrador del Gobierno marca sanciones de hasta un millón de euros; una cifra que bien puede significar el cierre para más de un operador. Esta cantidad, aparte de desproporcionada, desvela como en la redacción no se ha tenido en cuenta que en el mapa audiovisual del país hay algo más que grandes cadenas nacionales y autonómicas. Está plagado de muchas televisiones de ámbito local y provincial. Y éstas son mayoría. Por eso, siguiendo la estela que marca la propia Directiva Europea, los límites deberían estar en torno a los 300.000 ó 600.000 euros las infracciones graves o muy graves, o bien hacer como otros países del entorno, tal es el caso de Francia, en el que la sanción máximo es un 3% del volumen de negocio del canal en cuestión.

El periodo para presentar enmiendas al proyecto de ley acaba este miércoles, y quedan aún las comparecencias en comisión. Montabes confía en que si bien el proceso inicial "no ha sido todo lo participativo" que debiera, ahora se corrija. "Y que nos escuchen, porque el CAA tiene ya un rodaje propio y de intercambio con otras instituciones europeas -también preside la Red Mediterránea Audiovisual-, y podemos y tenemos mucho que aportar".