Toros

Editorial: Una sentencia que debe ser efectiva

LA decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto el acuerdo del Parlamento de Cataluña de prohibir la Fiesta de los toros tiene dos lecturas evidentes, una jurídica y otra política. De la primera poco se puede decir. La sentencia del Alto Tribunal deja claro que una autonomía puede regular la tauromaquia, pero no prohibirla, ya que ésta es Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y la Constitución reserva al Estado cualquier competencia que forme parte del patrimonio cultural español. Sin embargo, el verdadero problema está en la lectura política, pues más allá de la presión de los colectivos animalistas y del intento de los legisladores de sintonizar con la supuesta sensibilidad de una población cada vez más ajena al mundo de los toros, la prohibición de la llamada Fiesta Nacional fue claramente una maniobra de las formaciones independentistas para ahondar la zanja que están cavando con el fin separar culturalmente a Cataluña del resto de España. En ese sentido, una vez más, el Tribunal Constitucional se convierte en la bestia negra de los soberanistas, que, de nuevo, han aprovechado la ocasión para vender a sus partidarios y a la sociedad en general el discurso del victimismo.

Habría que dejar claro que el TC ha hecho lo que tenía que hacer: aplicar la ley sin pararse a considerar sus consecuencias políticas. Ahora bien, en las manos de las autoridades nacionales está el que la sentencia del tribunal sea efectiva, es decir, que se puedan celebrar festejos taurinos en territorio catalán sin que sean boicoteados por las autoridades locales o cualquier asociación civil contraria a los mismos. No se trata de imponer los toros a aquellos que no les gustan o los rechazan, sino de garantizar la libertad de los empresarios y aficionados a disfrutar de una de las manifestaciones culturales más genuinas que ha dado España. Lo decimos porque, como era previsible, numerosos políticos del ámbito independentista o animalista se apresuraron ayer a dejar claro que harán lo posible por que la sentencia del Constitucional quede sin efecto. Paradigmáticas fueron las declaraciones de la alcaldesa de la antaño muy taurina Barcelona, Ada Colau, quien de forma chulesca aseguró que se encargará de que la sentencia quede "sin efectos prácticos". Actitudes así son impropias de un Estado de Derecho.

Aplaudimos la decisión del Tribunal Constitucional, pero más aplaudiremos cuando volvamos a ver celebrarse corridas de toros en libertad en la ciudad de Barcelona.

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