La sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado el recurso presentado por la anterior concesionaria de la Plaza de Toros, la UTE formada por Equltauro y Tomás Entero, contra el ex-concejal socialista de la Plaza de Toros, Ángel Quintana; el matador José Luis Galloso; el administrador de la escuela taurina La Gallosina, José Manuel Berciano y el presidente de la Asociación Nuevos Valores del Toreo y Fomento de la Fiesta, Eduardo Ordóñez.

Esta decisión viene a ratificar el auto del Juzgado número 3 de los de El Puerto, que el pasado mes de septiembre decidió sobreseer el procedimiento, tras no apreciarse indicios de  infracción penal por parte de los investigados.

La querella fue interpuesta por la anterior concesionaria en el año 2016,  y se acusaba a las personas antes citadas de los presuntos delitos de coacción y allanamiento por acceder al coso sin la pertinente autorización de la empresa. 

Los hechos que fueron origen de la denuncia  tuvieron lugar en noviembre de 2016 y fueron la  celebración de una competición de escuelas taurinas en  la Plaza de Toros, a instancias de la escuela La Gallosina y sin el consentimiento de la entonces concesionaria.

Los magistrados determinan en el auto que hubo incluso "mala fe" por parte de los querellantes en  este procedimiento, por lo que les imponen el pago de las costas.

En  la decisión judicial, con la que se cierra el procedimiento, se justifica la decisión adoptada en su momento de proceder a la utilización del coso, de titularidad municipal, para la celebración del evento, por lo que se desestima el recurso de apelación presentado por la anterior concesionaria.

En el auto se recuerda que los querellados actuaron con la autorización expresa y por escrito del alcalde, David de la Encina, presidente del Ayuntamiento propietario de las instalaciones.

Se señala también que "pese a las trabas articuladas por la entidad querellante para evitar su formal notificación como concesionaria del coso taurino, sus representantes llegaron a tener pleno conocimiento del contenido del mismo, adoptando una conducta obstruccionista encaminada a evitar la clase práctica de la escuela taurina, que requirió incluso la intervención de los agentes de la Policía Local para asegurar el normal desarrollo de dicha actividad, que llegó a congregar a varios miles de ciudadanos, evitando así el riesgo de alteración grave del orden público, con lo que la necesidad de actuar de la manera en que se hizo se presenta como necesaria y proporcionada".