La posibilidad de prorrogar el contrato actual que el Obispado puso sobre la mesa fue rechazada al no resultar suficiente para garantizar la estabilidad del proyecto educativo de cara al futuro.

Aunque la Iglesia diocesana ha ofrecido una prórroga al contrato del alquiler no ha sido posible llegar a un acuerdo. Ambas partes han lanzado un comunicado en el que se insiste en la "voluntad" y "predisposición" de intentar una solución que no ha sido posible.

Desde el Ayuntamiento se ha lanzado también un escrito a la Delegación Territorial de Educación ante esta situación excepcional que obligaría a reubicar a casi 300 alumnos.

Asegura que es "de interés para La Isla" y pide a los grupos municipales que sumen fuerzas.

El comunicado de la Iglesia diocesana desconcierta al centro educativo isleño, que pide una reunión urgente para intentar salvar el instituto y seguir abiertos.

Asegura que "no es cierto" lo que se afirma desde la dirección del centro isleño e insiste en que está abierto a negociar. En la circular remitida por la Escuela San José a los padres de los alumnos se asegura que se "han propuesto varias alternativas pero ninguna ha sido aceptada", lo que el Obispado niega tajantemente.

La Iglesia diocesana, titular del inmueble, ha confirmado al centro que quiere las instalaciones libres en septiembre, lo que afecta a casi 300 alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica y a una plantilla integrada por unos 20 profesores, que se quedan en la calle.

Cádiz es la provincia de Andalucía con menos bienes inscritos en esos años a favor de la Iglesia Católica y la quinta provincia de España.

Antonio Casado apela la sentencia dictada por el Tribunal Metropolitano de Sevilla por “irregularidades procesales” y por “haber cercenado el derecho de defensa”.

La historia de la inmensa mayoría de iglesias de la ciudad pesa como una losa a la hora de procurar la debida conservación, que muchas veces choca con las posibilidades económicas de templos y Obispado.