Dice el tribunal que en la demanda "no se expone ni un solo argumento jurídico" relativo a la resolución impugnada.

El autor reivindica, tras el segundo carpetazo judicial a la causa abierta por la adjudicación de la mina, la reparación del daño causado a funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía.

La juez concluye que el procedimiento observado en la adjudicación ha sido "el correcto" y confirma la decisión de archivo que ya acordó en noviembre de 2015 y que fue revocada en su día por la Audiencia de Sevilla, que ordenó la práctica de algunas diligencias. No se ha encontrado "sospecha o indicio de contubernio" entre los miembros de la mesa del concurso o de la comisión técnica tras el rastreo por parte de la UCO de más de 124.000 correos electrónicos.

El Alto Tribunal considera que en el juzgado de Instrucción se investigan “los mismos hechos” que en la jurisdicción Contencioso-administrativa, por lo que hay prejudicialidad a favor de la vía penal.

El Juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación ha rechazado el recurso del Ejecutivo andaluz a la solicitud de esta documentación que consideraba "improcedente e innecesaria".

La empresa presentó la documentación en marzo y la Junta tiene un máximo de 10 meses para resolver. El proyecto saldrá a exposición pública en breve, con 30 días de plazo para alegaciones.

Veinte años después del accidente de la mina siguen pendientes importantes objetivos de limpieza. La rotura de una enorme balsa de lodos tóxicos contaminó gravemente el río Guadiamar y se quedó al límite de Doñana.

El atestado concluye que Magtel aportó la financiación necesaria para el concurso público.

Atiende una denuncia de Minorbis, la empresa que ganó el concurso y que puso en conocimiento de la instructora que la Guardia Civil estaba tomando declaraciones a testigos "a espaldas" de las defensas.